Estafas en ADP: esta semana se conocería si Patricia Argañaraz irá presa o no

El juicio por administración fraudulenta y estafas reiteradas que involucra a exdirectivos de la Asociación Docente Provincial (ADP) entra en su etapa decisiva. Este lunes, en la Sala VI del Tribunal de Juicio, se llevarán a cabo los alegatos, el paso previo a una sentencia que podría definir el futuro de los imputados, entre ellos Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general, y Ana María Cerezo, extesorera de la organización.

Los cargos y los acusados

Argañaraz y Cerezo están señaladas como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas en 29 hechos, afectando los fondos de la ADP y perjudicando a los afiliados. Junto a ellas, están imputados Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, acusados como partícipes necesarios en los delitos de administración fraudulenta y coautores de estafas.

Las acusaciones giran en torno al manejo irregular de fondos de la ADP, lo que, según la Fiscalía, configuró un esquema de desvíos de recursos y engaños que vulneraron los derechos económicos de los afiliados.

Declaraciones clave

En la última jornada del juicio, Raúl Dante Argañaraz amplió su declaración, abordando la creación del fideicomiso "Virgen de Urkupiña" y rebatiendo los testimonios presentados en su contra. Asimismo, Ana María Cerezo defendió su actuación durante su gestión, en un intento de desvincularse de las acusaciones.

Estas declaraciones, junto con los testimonios de la semana pasada, cerraron la etapa de debate oral. Ahora, los alegatos determinarán cómo la Fiscalía y la defensa interpretan los hechos y las pruebas presentadas.

Un proceso que genera interés

El caso ha captado la atención pública por su impacto en una de las principales asociaciones docentes de la provincia, y porque pone en evidencia presuntas irregularidades graves en la gestión de recursos gremiales.

El juicio está liderado por el juez unipersonal José Luis Riera, mientras que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, representa al Ministerio Público.

La resolución del tribunal no solo definirá las responsabilidades penales de los acusados, sino que podría sentar un precedente sobre la transparencia en el manejo de fondos en instituciones gremiales.