"Es un retroceso": fuerte rechazo en Salta a la nueva ley de discapacidad

En las últimas horas, una medida del Gobierno nacional abrió un fuerte debate en todo el país y también en Salta. Se trata del proyecto que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, lo que generó preocupación, críticas y un profundo malestar entre quienes forman parte del sector.

La iniciativa, que ya ingresó al Senado, plantea cambios de fondo en el sistema de pensiones y prestaciones, y pone en discusión derechos que fueron conquistados durante años.

Qué cambia con el nuevo proyecto

El texto impulsado por Nación propone una serie de modificaciones que afectan directamente a las personas con discapacidad:

• Reempadronamiento obligatorio para mantener las pensiones
• Suspensión automática del beneficio si no se cumple el trámite
• Eliminación de artículos que garantizaban la universalidad del sistema
• Fin de aumentos por zona o invalidez laboral
• Restricción para trabajar y cobrar una pensión al mismo tiempo

Este último punto es uno de los más cuestionados, ya que impediría que una persona con discapacidad pueda tener un empleo formal sin perder su beneficio.

Un debate que también impacta en Salta

En diálogo con Que Pasa al Mediodía, Cecilia Gramajo, asesora del área de discapacidad de la UNSa, fue contundente al analizar la situación.

"Lo que más me preocupa de este gobierno es que abandona algo que fue conseguido con mucho trabajo, como la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad", expresó.

En ese sentido, advirtió que el proyecto representa un retroceso en derechos que incluso tienen rango constitucional.

El punto más crítico

Uno de los ejes que más inquieta tiene que ver con el trabajo.

"Si una persona tiene una pensión, no puede trabajar. Y si trabaja, no cuenta con los derechos que corresponden", explicó.

Esto, según indicó, va en contra de la inclusión laboral y limita las oportunidades de miles de personas.

Incertidumbre y malestar

Desde el sector advierten que la iniciativa llega con recortes y sin una mirada social.

"No tener una reglamentación con perspectiva humana es tristísimo", sostuvo Gramajo.

Además, puso en duda si todos los legisladores están al tanto del impacto real que tendría la medida.

Un contexto que agrava la situación

El Gobierno nacional justificó el proyecto en la necesidad de controlar posibles fraudes en las pensiones por invalidez. Sin embargo, desde distintos espacios sostienen que se está instalando una idea que no refleja la realidad del sector.

Organizaciones ya alertan que podría tratarse de uno de los mayores retrocesos en materia de discapacidad de los últimos años.