Derrame petrolero en Salta: Procurador responsabiliza a empresas concesionarias
Pedro García Castiella emitió un dictamen clave en la causa ambiental que tramita en la Corte de Justicia de Salta. Señaló que todas las compañías que operaron en Puesto Guardián deben responder solidariamente por el daño ambiental.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, dictaminó que todas las empresas que fueron concesionarias del área hidrocarburífera "Puesto Guardián - Loma de Olmedo X-10", en Pichanal (departamento Orán), son solidariamente responsables por los eventuales daños ambientales registrados en la zona.
El pronunciamiento se dio en el marco de la acción de reparación ambiental que la Provincia lleva adelante ante la Corte de Justicia, en el expediente "Provincia de Salta contra President Petroleum S.A.; E.P.P. Petróleo S.A.; Tripetrol Petroleum S.A.; Netherfield Corporation Sucursal Argentina; Petrolera San José S.R.L.; YPF S.A.".
El caso y la cautelar
La causa se originó a raíz de la presentación del Gobierno provincial para contener, mitigar y recomponer el ambiente afectado en el área concesionada. En paralelo, desde 2023 la Fiscalía Penal de Pichanal viene investigando el hecho junto con el CIF, e incluso en mayo de este año exigió medidas de seguridad para las personas y el entorno.
El 5 de junio pasado, el Tribunal dictó una medida cautelar que impuso obligaciones inmediatas a President Petroleum S.A., como reforzar el perímetro de seguridad, impedir el acceso de personas y animales, instalar cartelería preventiva y contener los fluidos emanados del pozo.
La empresa apeló, alegando que no podía hacerse cargo de daños previos a su concesión y que las exigencias eran exclusivas en su contra.
Responsabilidad solidaria
En su dictamen, García Castiella recordó que la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Código Civil y Comercial establecen la responsabilidad objetiva y solidaria en materia de daño ambiental colectivo, cuando no es posible individualizar la contribución de cada actor.
Asimismo, mencionó que el Decreto Provincial N° 2174/2015 autorizó la cesión de derechos, obligaciones y pasivos -incluidos los ambientales- a las nuevas concesionarias, por lo que cada empresa debe asumir la cadena de responsabilidades.
También destacó que President Petroleum ya había comunicado un plan de abandono del pozo y fue intimada a cumplirlo, lo que prueba su conocimiento de la situación.
Ampliación de la medida
El Procurador sostuvo que, si bien corresponde mantener las obligaciones preventivas sobre President Petroleum, la cautelar debe ampliarse a todas las demandadas, que podrán ser emplazadas a cubrir proporcionalmente los costos de las acciones necesarias para preservar y recomponer el ambiente.
De esta manera, el Ministerio Público reafirmó el principio de responsabilidad ambiental integral, enfatizando que las concesionarias deben responder frente al Estado y la sociedad por los pasivos generados en la explotación del área petrolera.
