Tienen que pagar $100 mensuales por la casa del IPV y el 30% está moroso

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de Salta atraviesa un escenario complejo en medio de la crisis económica y la redefinición de la política habitacional nacional. Su titular, Laura Caballero, confirmó que desde diciembre de 2023 la Nación dejó de financiar obras en la provincia, lo que obligó al Gobierno local a asumir con fondos propios la continuidad de los proyectos en marcha.

"Estamos ejecutando más de 1.700 viviendas en toda la provincia con un enorme esfuerzo de la Provincia, porque la Nación no aporta nada a este plan", marcó Caballero en diálogo con ElTribuno.

Cuotas desactualizadas y morosidad

La funcionaria señaló que durante años las cuotas permanecieron congeladas, lo que generó un fuerte desfasaje con los costos reales de construcción. Desde 2020 se aplicaron actualizaciones graduales en base al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), aunque aún hoy "las cuotas no reflejan el valor real de una vivienda".

Incluso, todavía existen cuotas que no superan los $100 mensuales. En ese marco, la morosidad alcanza el 30%. "Trabajamos mucho en la personalización con las familias para que entiendan la importancia de sostener el pago, porque sin eso es imposible mantener el sistema solidario", enfatizó Caballero.

Quince mil familias en lista de espera

Actualmente, el organismo cuenta con 15 mil fichas activas de inscripción, correspondientes a grupos familiares de distintos tipos. La normativa vigente dispone que un 5% de las adjudicaciones se reserve a personas con discapacidad y trasplantadas, en articulación con el INCUCAI.

También se atienden casos especiales vinculados a situaciones de salud o violencia, donde se otorga prioridad en la asistencia habitacional.

Control sobre alquileres irregulares

Caballero advirtió que se mantienen controles estrictos sobre los adjudicatarios: "Durante los primeros cinco años, el control de habitabilidad es estricto. Si comprobamos que el titular no habita la vivienda, iniciamos un proceso de revocatoria".

Sin embargo, reconoció que el procedimiento es complejo y que, en algunos casos, se extiende hasta instancias judiciales. Además, aclaró que las denuncias sobre viviendas deshabitadas no generan prioridad para quien las realiza, aunque sí son investigadas.

Nuevos proyectos y apertura al sector privado

El déficit habitacional en Salta continúa siendo alto y los costos de construcción complican la planificación de nuevas obras. Frente a ese panorama, el IPV evalúa mecanismos de financiamiento mixto.

"Estamos incorporando la idea de trabajar con el sector privado para generar nuevas líneas de proyectos", adelantó la funcionaria.

Mientras tanto, se continúan entregando viviendas finalizadas. En los últimos meses se adjudicaron unidades en Cachi y próximamente se hará lo propio en Coronel Moldes, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma y Copo Quile.