Aunque hay una cautelar, la sucesión Patrón Costas desmonta Las Yungas en Salta

"La Secretaría de Ambiente de la Provincia incumple la no fiscalización que efectivamente demuestra que los desmontes están frenados", afirmó Fernanda Guillén, abogada que patrocina a los vecinos que decidieron ir a la Justicia para frenar desmontes en las Yungas sanlorenceñas, que inició en diciembre del año pasado Los Maitines S.A. para construir un barrio privado.

Esta área se encuentra protegida por ser uno de los reservorios de especies vegetales más importantes del país, tiene una variada fauna autóctona que incluye algunos animales en peligro de extinción y es una fuente de recursos naturales renovables, además de ser reservorio de agua. Tras los desmontes que inició Los Maitines, vinculada a la familia Patrón Costas, para la caminería en un predio de 125 hectáreas ubicado entre el cerro Elefante y La Quebrada, los vecinos entraron en alerta sobre todo por la amenaza de quedarse sin agua, puesto que el desarrollo urbanístico tendría una toma de captación del líquido elemento del río Castellanos en la zona alta de San Lorenzo.

Por ello interpusieron un amparo ambiental y lograron que la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificara la acción como un proceso colectivo puesto que los vecinos buscan "proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua del río Castellanos". Los vecinos pusieron foco en los avales irregulares que consiguió Los Maitines, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de San Lorenzo, para iniciar la tala en una zona categorizada como Amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que no autoriza desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).

"El amparo ambiental pretende que se declare la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de San Lorenzo que aprueban el proyecto. Ambiente aprobó un plan de manejo sostenible cuando para una urbanización se tiene que aprobar un plan de cambio de uso de suelo.

La Municipalidad otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo que es grave ya que se trata de una zona amarilla y en ambas resoluciones eso está reconocido", explicó Fernanda Guillén.

La abogada señaló que el proyecto urbanístico va en contra no sólo de la OTBN, sino de Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y los principios protectorios del Derecho Ambiental. Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, concedió una Medida Cautelar de No Innovar por la cual ordena el cese de todo acto o actividad que implique extracción de especies nativas en los inmuebles propiedad de Los Maitines S.A, en atención a la naturaleza de las obras y a la importancia del proyecto.

"Esto es complicado de fiscalizar, porque se libró un oficio a la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Medioambiente y no se respondió. Se reiteró el oficio y tampoco respondieron. El 26 de octubre venció el plazo para responder el oficio", apuntó Guillén. Agregó, se solicitó la intervención para fiscalizar Ambiente "bajo apercibimiento de desobediencia judicial porque no está cumpliendo. Tiene que hacer informes cada 15 días con imágenes satelitales para que la jueza pueda verificar el cumplimiento de la medida. Y hasta ahora no hizo ni un informe", apuntó./ Nuevo Diario.