"Ley de Derribo" en Salta: el proyecto que busca bajar narcoavionetas como último recurso

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, solicitó la intervención urgente de los ministerios de Seguridad y Defensa de la Nación para avanzar en un régimen destinado a detectar, interceptar y neutralizar vuelos clandestinos presuntamente vinculados con el narcotráfico.

La presentación fue dirigida a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. Los documentos, a los que accedió Que Pasa Salta, cuentan además con el acompañamiento de la diputada nacional Eliana Bruno.

Zigarán fundamentó el pedido en el crecimiento de incursiones aéreas irregulares en el Norte argentino. Según la presentación, la extensión de la frontera y la compleja geografía dejan especialmente expuestas a localidades como Aguas Blancas, Tartagal, Metán y Rosario de la Frontera.

Qué propone la denominada Ley de Derribo

La iniciativa establece un protocolo progresivo. Primero se buscaría identificar visualmente a la aeronave, establecer una comunicación radial y emitir señales internacionales para que cambie de rumbo o aterrice.

Si el piloto desobedeciera las instrucciones, los aviones interceptores podrían realizar maniobras y disparos de advertencia fuera de la estructura de la nave. El objetivo de esta instancia sería lograr su aterrizaje sin poner en riesgo la vida de sus ocupantes.

El derribo quedaría reservado como último recurso para una aeronave declarada hostil que represente un peligro inminente para la población, la infraestructura crítica o la seguridad nacional. También alcanzaría a vuelos que presuntamente transporten drogas y rechacen reiteradamente las órdenes de aterrizaje.

Cuándo un avión sería considerado hostil

El texto diferencia entre aeronaves "irregulares" y "hostiles". Dentro del primer grupo estarían aquellas que vuelen sin un plan autorizado, apaguen el transpondedor, alteren sus sistemas de identificación, interrumpan las comunicaciones o se desvíen injustificadamente de su ruta.

Una aeronave pasaría a ser considerada hostil si, después de ser interceptada, realiza maniobras amenazantes, mantiene una conducta evasiva o desobedece la orden de aterrizaje. La autorización final para un derribo debería ser emitida por el Presidente o, mediante una delegación expresa, por los ministros de Seguridad o Defensa.

El proyecto excluye expresamente a los vuelos comerciales regulares que atraviesen fallas de comunicación o emergencias técnicas. También propone brindar protección jurídica al personal que cumpla estrictamente los protocolos y crear una comisión bicameral que reciba informes semestrales sobre su aplicación.

Radares y fuerzas desplegadas en tierra

Además de la intercepción aérea, Zigarán reclamó ampliar la radarización con equipos tácticos móviles y sistemas de alerta temprana para reducir las denominadas "zonas ciegas" de la frontera. También solicitó una coordinación más rápida entre las fuerzas federales y provinciales para detener tripulaciones y secuestrar cargamentos después de un aterrizaje o lanzamiento de droga.

Argentina ya cuenta con Reglas de Protección Aeroespacial que contemplan, bajo determinadas condiciones, el uso de la fuerza y el derribo de vectores hostiles. 

El proyecto impulsado desde Aguas Blancas busca establecer un régimen legal específico, ampliar la cobertura operativa y precisar por ley el procedimiento frente a vuelos presuntamente utilizados por organizaciones narcocriminales. Por ahora, se trata de una propuesta enviada al Poder Ejecutivo: deberá recorrer los canales institucionales correspondientes antes de convertirse en un proyecto formal y ser debatida por el Congreso.