Expropiación de Enjasa durante el gobierno de Urtubey: costará más de USD45 millones a Salta

El conflicto internacional por la expropiación de Enjasa sumó un nuevo y definitivo capítulo. El CIADI rechazó el último intento argentino para revertir el laudo arbitral favorable a Casinos Austria International y dejó firme una condena económica que ya supera los 45 millones de dólares entre capital, intereses, costas judiciales y gastos arbitrales.

La resolución representa uno de los golpes económicos más fuertes vinculados a una decisión política adoptada por la Provincia de Salta en las últimas décadas y vuelve a colocar en el centro de la escena la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

Cómo comenzó el conflicto

La disputa se originó en 2013, cuando el Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA) resolvió revocar la licencia de Enjasa, empresa que explotaba el negocio del juego en Salta.

La concesión había sido otorgada en 1999 durante el gobierno de Juan Carlos Romero por un plazo de 30 años. Posteriormente, Casinos Austria International ingresó como inversor extranjero y tomó el control indirecto del 60% de la compañía.

Desde el gobierno provincial en ese entonces justificaron la rescisión por presuntas irregularidades administrativas en el funcionamiento de la firma. Sin embargo, el tribunal internacional concluyó que la medida aplicada fue "desproporcionada" y consideró que el Estado argentino avanzó con una expropiación ilícita sin acreditar incumplimientos que justificaran una sanción extrema.

El CIADI entendió que Argentina violó el tratado bilateral de inversiones firmado con Austria y afectó de manera arbitraria una inversión extranjera protegida internacionalmente.

La cifra millonaria que deberá pagarse

El laudo original fijaba una indemnización de USD 21,6 millones. Pero con el paso de los años, la acumulación de intereses y gastos procesales elevó significativamente el monto final.

Actualmente, la deuda supera:

• USD 36 millones entre capital e intereses.
• Más de USD 2 millones en costas procesales.
• Más de 6,2 millones de euros por gastos arbitrales e intereses adicionales.
• Otros

La cifra total ya supera ampliamente los USD 45 millones y, según trascendió en ámbitos judiciales y económicos, podría incluso incrementarse.

El peso político del fallo

Aunque el conflicto tiene antecedentes anteriores, el punto central que detonó la condena internacional fue la decisión tomada durante la gestión de Urtubey de quitarle la licencia a Enjasa 17 años antes de su vencimiento.

Esa determinación terminó siendo considerada arbitraria por el tribunal internacional y ahora deriva en una obligación económica que recaerá sobre el Estado argentino y, políticamente, sobre Salta.

El fallo también reabre el debate sobre el impacto de determinadas decisiones administrativas en materia de seguridad jurídica y confianza para las inversiones extranjeras.

Temor por nuevos litigios

Más allá del impacto económico inmediato, especialistas advierten que la resolución del CIADI podría transformarse en un antecedente relevante para otros litigios vinculados a concesiones y contratos rescindidos por la Provincia.

Entre los casos que generan atención aparecen:

• Aunor, por la rescisión del sistema de peajes.
• Aguas de Salta, cuya concesión fue anulada en 2009.

En ámbitos jurídicos ya analizan que este antecedente podría ser utilizado en futuras demandas internacionales contra el Estado.

Un fallo con consecuencias políticas e institucionales

La confirmación de la condena también representa un fuerte impacto institucional para la imagen de Salta frente a potenciales inversores internacionales.

El tribunal dejó establecido que Argentina incumplió compromisos asumidos en tratados de protección de inversiones, un punto que podría influir en futuras evaluaciones sobre seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

Mientras continúa el debate político sobre las responsabilidades de aquella decisión tomada en 2013, el fallo dejó una conclusión contundente: una medida administrativa adoptada durante la gestión de Urtubey terminó convirtiéndose en una de las condenas económicas más importantes vinculadas a la historia reciente de Salta.