Sigue la tensión en el "Chernobyl salteño": denuncian desastre químico y muerte masiva de animales

La crisis ambiental en el paraje Lomas de Olmedo, situado en el Departamento de Orán, Salta, representa una falla sistémica en los mecanismos de control y fiscalización estatal, tras la gestión negligente del pozo CNO-8 (también identificado como X-10) del yacimiento "Puesto Guardián". 

El sitio ha sido escenario de una transferencia irresponsable de activos a lo largo de 40 años entre distintas concesionarias privadas que priorizaron la explotación inmediata sobre la seguridad técnica antes del abandono final.

Una agresión bioquímica continua al bosque nativo

De acuerdo a lo publicado en TN y Greenpeace, la degradación ambiental se manifiesta a través de una "lluvia aceitosa" y la formación de lagunas tóxicas de colores cambiantes que, al evaporarse, generan una resina espesa similar a la grasa. Este fenómeno produce una asfixia vegetal sistemática al bloquear la fotosíntesis y el intercambio gaseoso, dejando a los árboles cubiertos de sedimentos que mueren de pie. 

El desastre ya arrasó 20 hectáreas de bosque nativo en una zona de transición crítica, afectando severamente quebrachales, cebiles y ejemplares de palo de papel en peligro de extinción.

Impacto devastador en la fauna y la ganadería local

La transformación del hábitat ha provocado una mortandad masiva tanto en la biodiversidad endémica como en la economía de subsistencia. Productores de la zona y vecinos denuncian la pérdida de más de 350 cabezas de ganado, caballos y animales silvestres como quirquinchos y corzuelas, que mueren por la ingestión de agua contaminada o asfixia ante la nube constante de hidrocarburos. 

Esto ha obligado a las familias rurales a un desplazamiento forzado, debiendo abandonar sus hogares y recorrer grandes distancias para intentar supervisar lo que queda de sus animales.

Toxicidad extrema, marco judicial y riesgo para la salud pública

Las pericias oficiales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) confirmaron la saturación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), detectando sustancias neurotóxicas y posibles cancerígenos como el etilbenceno y el naftaleno que superan los límites legales. 

Ante este panorama, organizaciones ambientalistas como Greenpeace exigen que se cumplan las normativas vigentes, recordando que la Ley General del Ambiente establece en su artículo 31 la responsabilidad solidaria de recomposición y reparación para todas las firmas que operaron en la cadena productiva.

Si bien el gobierno provincial dictó el Decreto 826/25 para declarar la caducidad de la concesión y tomar el control operativo, los pobladores y las investigaciones periodísticas de medios como TN advierten sobre la falta de respuestas financieras y operativas concretas para frenar el daño en las napas subterráneas y evitar una tragedia mayor.