Salta analiza prohibir el uso de redes sociales en niños y adolescentes

En el marco de la octava Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de Salta, ha cobrado centralidad un proyecto de ley que busca regular el acceso y uso de redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, impulsada por los diputados Guillermo Kripper y Nicolás Taibo, propone establecer pautas claras de protección ante el impacto que los entornos digitales generan en el desarrollo integral y la salud mental de los menores.

El contexto: De la Ley Mica Ortega a la regulación específica

Para entender la importancia de este debate, es necesario remontarse a la Ley Nacional 27.590, conocida como "Ley Mica Ortega", a la cual la provincia de Salta ya se encuentra adherida mediante la Ley 8259.

 Esta normativa nacional creó el "Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso", con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta problemática a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

Sin embargo, los fundamentos del nuevo proyecto provincial sostienen que los riesgos actuales en internet exceden al fenómeno del grooming. Si bien la Ley Mica Ortega sentó las bases para una "ciudadanía digital" crítica y ética, el debate actual en Salta plantea que se requieren medidas más restrictivas para resguardar el desarrollo saludable de los jóvenes.

El eje de la polémica: Edad y autonomía

El corazón de la propuesta legislativa radica en la fijación de límites etarios estrictos:

• Prohibición total: Se busca restringir el acceso a redes sociales para menores de trece (13) años, alineándose con los términos de uso que ya establecen muchas plataformas digitales.
• Acceso condicionado: Para los adolescentes de entre catorce (14) y dieciséis (16) años, se propone un régimen de acceso supervisado por los progenitores.

Esta medida se sustenta en el principio del interés superior del niño, reconociendo que el Estado tiene el deber de adoptar medidas de protección frente a vulneraciones en entornos digitales que afectan la integridad de los menores.