Encontraron 700.000 dólares y cayó otro funcionario del Ministerio de Economía

El Gobierno nacional enfrenta un nuevo cimbronazo político tras la renuncia de Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía, quien quedó formalmente involucrado en la investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Su salida se oficializó luego de que la Justicia avanzara con allanamientos y revelara detalles comprometidos del expediente que instruyen el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

La causa cobró mayor relevancia al conocerse que Cardini compartía un departamento en Puerto Madero con Ornella Calvete, otra funcionaria del Ministerio de Economía que también presentó su renuncia días atrás. Ornella es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por los investigadores como uno de los principales operadores del presunto circuito de retornos.

Durante el allanamiento al domicilio que ambos compartían, los agentes federales encontraron 700.000 dólares en efectivo, suma que quedó incorporada al expediente como prueba clave para desentrañar la posible trama de recaudación ilegal.

Un entramado bajo la lupa judicial

Las sospechas sobre Cardini se intensificaron luego de que la Justicia incorporara escuchas telefónicas en las que se escucha a Miguel Ángel Calvete solicitando el contacto del subsecretario en el mismo día en que se realizaban los operativos. Para los investigadores, esta secuencia resulta compatible con maniobras de alerta interna dentro de la estructura señalada.

Cardini, ingeniero industrial con experiencia en el sector tecnológico, había sido nombrado en el Ministerio de Economía con aval del entorno de Santiago Caputo, una pieza clave del actual diseño político de la Casa Rosada.

La pesquisa judicial pone el foco en lo que los investigadores describen como un "ecosistema adaptable" de sociedades y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para canalizar retornos, operar contrataciones y facilitar vínculos con el Estado según las necesidades del momento.

Mientras la causa avanza, crece la presión política sobre el Gobierno para esclarecer responsabilidades internas y determinar cuántos funcionarios quedaron comprometidos en el posible mecanismo de recaudación ilícita vinculado a la Andis.