Ley Penal Juvenil: en qué casos un menor de 14 años puede recibir una condena

El Gobierno nacional publicó este lunes 7 de septiembre el Decreto 875/2026, que reglamenta distintos aspectos de la Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil y establece al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para la justicia nacional y federal.

La norma alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18, siempre que sean imputados por un hecho considerado delito. La edad se determina según el momento en que ocurrió el hecho.

Un punto importante es que la edad mínima de 14 años no fue establecida por el decreto publicado este lunes. Ese límite ya había sido aprobado por el Congreso en la Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada el 9 de marzo.

Qué sanciones contempla el nuevo régimen

La legislación no dispone que todos los adolescentes involucrados en causas penales deban recibir una pena de prisión.

Entre las respuestas previstas aparecen amonestaciones, restricciones de circulación o contacto, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de penas privativas de la libertad según cada caso.

La normativa prohíbe aplicar reclusión o prisión perpetua a adolescentes. Cuando corresponda una condena de prisión, el máximo previsto es de 15 años.

Uno de los objetivos establecidos por la ley es fomentar en el adolescente imputado "el sentido de la responsabilidad legal por sus actos", junto con su educación, resocialización e integración social.

Habrá supervisores especializados

La reglamentación incorpora la figura del supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar al adolescente cuando un juez disponga determinadas medidas o penas.

En las causas de competencia nacional y federal funcionará un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Los profesionales deberán contar con formación vinculada a áreas como educación, psicología, trabajo social o abordaje de adicciones, acreditar experiencia y realizar capacitaciones específicas.

Entre sus funciones estarán mantener contacto periódico con los adolescentes y elaborar informes sobre aspectos vinculados a su educación, formación y evolución.

Qué pasará con las víctimas

El decreto también establece mecanismos de asistencia para las personas afectadas por delitos cometidos por adolescentes.

El Ministerio de Justicia deberá poner a disposición equipos interdisciplinarios de psicólogos y trabajadores sociales y coordinar los mecanismos necesarios para garantizar patrocinio jurídico gratuito en los casos contemplados por la ley.

Las sentencias tendrán un registro reservado

Cuando un adolescente reciba una pena bajo este régimen, el juez deberá comunicar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia.

Allí funcionará un apartado específico para las decisiones firmes vinculadas a menores alcanzados por la Ley 27.801. Esa información tendrá carácter reservado y únicamente podrá ser consultada por personas autorizadas.

Las provincias tendrán que adecuar sus mecanismos

El esquema de implementación no será exactamente igual en todo el país. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán organizar determinados aspectos del sistema dentro de sus propias competencias, respetando los lineamientos generales establecidos por la legislación nacional.

Para coordinar ese proceso, el decreto contempla una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a articular políticas y criterios entre Nación y las jurisdicciones. También se creó un Comité Interministerial con participación de las áreas de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.

El Decreto 875/2026 fue firmado el 4 de septiembre y publicado oficialmente este lunes. Su artículo 14 establece que la reglamentación entra en vigencia conjuntamente con la Ley 27.801.