Qué cambia con la reforma penal juvenil que se debate por la baja de edad de imputabilidad

Con el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, el debate por la reforma del régimen penal juvenil volvió al centro de la escena. El proyecto incluye la baja de la edad de imputabilidad y una revisión completa de una ley que lleva más de 40 años vigente.

En diálogo con Radio Salta, la jueza Tatiana Dip, titular del Juzgado Penal Juvenil 1, explicó el alcance jurídico de la iniciativa y marcó los límites que impone la Constitución y los tratados internacionales.

No es solo bajar la edad

Hoy rige la Ley 22.278, que fija la imputabilidad desde los 16 años. En comisiones, el proyecto avanzó con la idea de llevarla a 14 años, y habilitar excepcionalmente los 13 solo para delitos graves.

Pero Dip fue clara: el debate no se agota en la edad. La reforma propone un régimen integral con:

• mecanismos alternativos a la detención,

• foco en la resocialización,

• abordaje especializado para jóvenes en conflicto con la ley.

"Delito de adulto, pena de adulto": el límite legal

Frente a consignas como "el que las hace las paga", la jueza recordó que el régimen juvenil es especial por obligación constitucional, no por ideología.

Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige un tratamiento diferenciado. "No se equiparan penas de adultos con menores", explicó, y remarcó que el proyecto mantiene esa diferencia.

¿Puede un menor ser condenado como un adulto?

No. Existe un límite claro: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a la Argentina en el fallo "Mendoza", prohibiendo penas perpetuas a menores.

Eso no implica impunidad. Los jóvenes pueden ser sancionados, pero con penas y tratamientos específicos, acordes a su edad.

Delitos juveniles: qué dicen los datos

Uno de los miedos instalados es que bajar la edad incentive delitos cada vez más tempranos. Dip respondió con datos: la mayoría de los delitos cometidos por menores son contra la propiedad. Los homicidios y hechos graves son estadísticamente bajos, aunque de altísimo impacto social.

Casos extremos, como el de Jeremías Monzón, reavivan el reclamo social. "Son hechos que nos paralizan y exigen respuestas", sostuvo.

Prevención, la clave del debate

Para la magistrada, la discusión de fondo es qué hará el Estado para prevenir que los chicos entren en una carrera delictiva.

La prevención debe ser:

• social,

• educativa,

• cultural,

• deportiva,
  además de jurídica.

Para los vecinos de Salta y el norte, este debate define cómo responderá la Justicia ante delitos cometidos por menores, qué herramientas tendrán los jueces y si el Estado priorizará solo el castigo o también la prevención en barrios vulnerables.

Un debate que llegó para quedarse

Dip cerró con una definición contundente: el debate es necesario, profundo y ya está instalado. El desafío será actualizar la ley sin violar la Constitución, pero dando respuestas reales a una sociedad que pide soluciones.