El beneficio de la justicia para Jorge Prado, el exintendente que saqueó los gasoductos

A más de cinco años del escándalo por el saqueo de caños en Aguaray, Jorge Enrique Prado, exintendente de ese municipio, cumplirá en su domicilio la condena de seis años y seis meses de prisión impuesta en 2021. El beneficio de la prisión domiciliaria había sido otorgado el 21 de julio, pero su ejecución se demoró hasta ahora por falta de tobilleras electrónicas.

Prado fue hallado culpable de robo agravado en despoblado y en banda de 228 caños pertenecientes a la obra del Gasoducto del NEA, infraestructura clave que iba a beneficiar a 1,7 millones de personas. El fallo, ratificado por la Corte Suprema en mayo de este año, incluyó también condenas a empresarios involucrados en la maniobra, mientras que otros imputados fueron absueltos.

Tras permanecer poco más de dos meses en el Complejo Penitenciario Federal de General Güemes, Prado fue trasladado este lunes a su casa en Salta Capital para cumplir allí la pena. La medida fue dispuesta por la jueza Marta Snopek, luego de que el tribunal descartara la posibilidad de garantizar al exintendente un espacio de trabajo remoto desde la cárcel, como había solicitado su defensa.

El beneficio se sustentó en argumentos de su abogado, Fernando Teseyra, quien alegó que Prado es sostén económico de su familia y mantiene un hijo menor con discapacidad. Sin embargo, el fiscal general Eduardo Villalba había rechazado ese pedido, remarcando el grave daño causado por el exintendente y recordando que el propio pueblo lo vio comandar el saqueo de la obra pública.

Finalmente, ante la falta de tobilleras electrónicas disponibles, el tribunal resolvió que el exjefe comunal cumpla la pena en su casa. El caso reaviva el debate sobre los beneficios judiciales concedidos a dirigentes condenados por hechos de corrupción.