Las denuncias e imputaciones que dejaron a dos diputados en el horno en pocos días

Los pasillos de la Legislatura salteña se convirtieron en un verdadero hervidero en los últimos días. Lejos de los intereses de los vecinos del departamento de Anta, e incluso de San Carlos, la atención se concentra en los tribunales, donde distintas investigaciones judiciales de alto voltaje pusieron bajo la lupa el accionar de figuras que ostentan fueros y cargos de representación pública, desatando un fuerte revuelo político.

Loteos sociales en la mira: la caída del exintendente

El primer impacto resonante ocurrió hace una semana con la imputación provisional por parte de la  Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del exdiputado y exintendente de San Carlos, Héctor Raúl Vargas, por una serie de graves presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del municipio, tras denuncias presentadas entre 2023 y 2024.

La investigación de la Fiscalía detalla cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica. Entre los puntos más escandalosos figuran la compra y venta opaca de un terreno destinado a un loteo social adquirido por 15 millones de pesos sin autorización del Concejo Deliberante, donde los peritos del CIF detectaron ingresos por más de 16,8 millones, pero un faltante injustificado de fondos. 

Además, se firmaron resoluciones asegurando que el predio contaba con servicios básicos y planos aprobados que, en las inspecciones oculares, brillaban por su ausencia.

Como si fuera poco, la lupa también se posó sobre el manejo de fondos nacionales del programa PROTAAL por casi 9,5 millones de pesos destinados a familias del paraje San Rafael sin rendición de cuentas, sumado a 18 retiros mediante cheques por más de 64 millones de pesos desde una cuenta oficial de la Municipalidad sin documentación respaldatoria.

La red de pensiones truchas en Anta

Sin respiro en la Legislatura, la Justicia Federal avanzó de forma implacable contra el diputado provincial por el departamento Anta, Francisco Gerardo Orellana, conocido en la zona como el "médico del pueblo". La investigación fue encabezada por el fiscal federal Carlos Amad.

Orellana quedó formalmente imputado junto a exfuncionarios y personal hospitalario en el marco de una investigación que desarticula una supuesta asociación ilícita dedicada a la falsificación de documentación médica para la tramitación irregular de pensiones no contributivas por invalidez. La operatoria funcionaba como una red clientelar para captar voluntades políticas en sectores vulnerables, donde el legislador habría validado solicitudes que no cumplían con los requisitos legales.

Cómo sigue la Legislatura 

Mientras las investigaciones avanzan en los estrados judiciales, desde la propia Cámara de Diputados, la legisladora Socorro Villamayor reconoció ante los medios que el cuerpo no recibió requerimientos formales y que aguardan los pedidos de la Justicia, recordando que los fueros no eximen a los legisladores de ser investigados.