Pensiones truchas en Salta: investigan 5.000 casos y pérdidas por $3.200 millones al mes

Un caso que desde hace años se encuentra bajo investigación y que llegó a tener repercusión nacional vuelve a sacudir a Salta. La causa por las denominadas pensiones truchas sigue avanzando y ahora un dato revelado por el fiscal federal Carlos Amad puso nuevamente al departamento Anta en el centro de las miradas.

Durante una entrevista con el programa Somos la Mañana, Amad aseguró que solamente en Anta se detectaron aproximadamente 5.000 pensiones que habrían sido otorgadas de manera irregular. La cifra ubica a esa zona salteña entre los lugares donde mayor cantidad de casos quedaron bajo sospecha.

La investigación no apunta únicamente contra quienes recibieron los beneficios. De acuerdo con lo explicado por el fiscal, detrás del mecanismo habría existido una estructura integrada por médicos, secretarios y otras personas que intervenían en la confección y tramitación de certificados.

Certificados médicos y diagnósticos que están bajo sospecha

Uno de los puntos más delicados de la causa tiene que ver con la documentación utilizada para conseguir las pensiones. Según Amad, se habrían confeccionado certificados médicos falsos e incluso incorporado enfermedades que algunas personas no padecían.

"Iban a otros consultorios privados para fraguar consultorios privados. habian casos donde no había nada. otros donde aparecían casos de chagas o diabetes y eso aparecía en el stand del Estado te pagara y te pagaban", expresó.

Según detalló el fiscal, entre los casos investigados aparecieron personas que figuraban con diagnósticos de Chagas o diabetes pese a que, de acuerdo con la investigación, no padecían esas enfermedades. La Justicia busca reconstruir ahora cómo se armaban los expedientes, quiénes intervenían y cuánto tiempo funcionó el mecanismo.

El dato millonario que investiga la Justicia

El impacto económico es otro de los puntos centrales. Según la estimación mencionada por Amad, el perjuicio investigado alcanzaría los $3.200 millones mensuales para el Estado.

Para avanzar sobre la presunta maniobra, los investigadores lograron incorporar documentación y testimonios, además del trabajo realizado por Gendarmería Nacional.

La investigación también intenta establecer qué ocurrió con las pensiones detectadas. Algunas habrían sido suspendidas, otras permanecen sometidas a auditorías y existirían beneficios que todavía continúan abonándose mientras se define su situación.

Una investigación que todavía puede crecer

Por el momento, el esquema descripto por el fiscal tiene su principal foco en Anta, aunque la investigación deberá determinar si la metodología se repitió en otros puntos.

La magnitud de los números explica por qué la causa continúa abierta. La investigación cuenta con una prórroga por un año, con vencimiento previsto para el 19 de agosto de 2027, período en el que se buscará profundizar la recolección de pruebas y determinar responsabilidades.

Para Salta, el dato conocido ahora vuelve a poner bajo la lupa cómo se otorgaron miles de beneficios y qué controles existieron sobre la documentación presentada. La clave será establecer judicialmente quiénes participaron del supuesto circuito irregular y cuál fue finalmente el perjuicio provocado al Estado.