Orellana recordó a la patrona de los enfermos mientras sigue imputado por las pensiones truchas

No es un meme ni una escena armada para las redes. En plena sesión de la Cámara de Diputados de Salta, Gerardo Francisco Orellana, legislador por Anta, tomó la palabra para recordar la celebración de Nuestra Señora de los Remedios en General Pizarro.

El saludo, propio de una fecha religiosa importante para esa localidad anteña, habría pasado como una intervención más de no ser por el presente judicial del legislador. Orellana está formalmente imputado en la investigación federal por presuntas irregularidades en la tramitación de pensiones no contributivas por discapacidad en Anta.

La coincidencia resultó, cuanto menos, llamativa: el diputado quedó vinculado judicialmente a una causa que tiene como eje certificados médicos y pensiones por discapacidad y, días después, utilizó su banca para recordar una celebración religiosa tradicionalmente asociada a la advocación de Nuestra Señora de los Remedios.

Qué dijo Orellana en Diputados

Durante su intervención, el legislador puso el foco en General Pizarro y destacó principalmente su actividad productiva y laboral.

"Pizarro es una localidad que está en el norte del departamento de Anta. Tenemos que reconocer que es el lugar donde más trabajo existe, porque son pequeños productores que toman muchos trabajadores. Hay momentos que tiene dos mil habitantes y después seis mil habitantes. Vayan nuestros saludos para las autoridades municipales", expresó frente al resto de los diputados.

El gesto religioso se produce en uno de los momentos políticos y judiciales más delicados para Orellana. La Fiscalía Federal lo incluyó entre 15 imputados en una investigación que busca determinar cómo se habrían obtenido pensiones por discapacidad mediante documentación presuntamente falsa en Joaquín V. González y El Quebrachal.

La grave acusación contra el diputado de Anta

La información oficial del Ministerio Público Fiscal señala que Orellana está imputado por asociación ilícita en grado de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La acusación es todavía más delicada por su pasado político. Según el fiscal Carlos Martín Amad, durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, Orellana habría avalado con su firma trámites correspondientes a personas que no cumplían los requisitos para recibir el beneficio. La Fiscalía también sostiene que en períodos electorales habría ofrecido pensiones a cambio de votos. Todo esto forma parte de la hipótesis acusatoria y deberá resolverse judicialmente.

Incluso se incorporó a la investigación el caso de una mujer de 32 años que trabaja como empleada doméstica y a quien, según lo expuesto por el fiscal, Orellana habría validado un diagnóstico con un 97% de discapacidad.

El diputado, por su parte, rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que es inocente, además de manifestar que tiene la conciencia tranquila y que continuará ocupando su banca mientras avanza el expediente.

Por eso, la intervención de este martes tuvo una inevitable lectura política. Un diputado investigado por su presunto papel en una trama de pensiones por discapacidad terminó protagonizando uno de los momentos más particulares de la sesión al recordar una celebración religiosa ligada históricamente a quienes buscan alivio ante enfermedades y dificultades.

Para Salta, detrás de la coincidencia y las repercusiones políticas queda un asunto mucho más serio: la Justicia Federal continúa investigando si beneficios destinados a personas con discapacidad fueron otorgados de manera irregular y qué responsabilidad tuvo cada uno de los funcionarios y profesionales imputados.