La Justicia ordenó a la Nación reparar un tramo crítico de la ruta 34 en Salta

El Juzgado Federal de Tartagal ordenó al Estado nacional que, en un plazo de 90 días, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecute obras urgentes en el tramo de la ruta nacional 34 que conecta Yuto (Jujuy) con Salvador Mazza (Salta). La medida cautelar fue otorgada en el marco de un amparo colectivo impulsado por el senador nacional Sergio "Oso" Leavy en representación de más de un centenar de usuarios y usuarias del departamento San Martín.

El fallo marca un punto de inflexión en el reclamo por el estado crítico de este corredor vial, considerado clave para el norte salteño por su valor agroindustrial, logístico y social. En la acción judicial se advirtió que la vía se transformó en un verdadero "mapa de pozos", con banquinas erosionadas, alcantarillas tapadas, acumulación de agua, falta de señalización y un nivel de riesgo cada vez mayor a la par del recorte presupuestario nacional.

Derechos fundamentales en riesgo

Al resolver, la jueza Ivana Hernández reconoció que la situación afecta derechos esenciales como la vida, la integridad física, la salud y la movilidad. En ese marco, sostuvo que el deterioro estructural del camino constituye un riesgo grave, constante y generalizado para miles de automovilistas, transportistas y pasajeros que circulan a diario por la zona.

Vialidad admitió su falta de recursos

En el trámite del expediente, la Dirección Nacional de Vialidad respondió un mes después de iniciada la demanda. En lugar de explicar por qué el tramo se encuentra al borde del colapso, la DNV enumeró una serie de limitaciones operativas: falta de mezcla asfáltica, licitaciones desiertas, precios que no se convalidan, contratos sin firma y proyectos ejecutivos que llevan años sin avanzar. Incluso señaló que desde hace más de un año intenta sin éxito adquirir asfalto en caliente para las rutas 34 y 50.

Sin embargo, la propia defensa del organismo reconoció que trabaja "dentro de las disponibilidades presupuestarias", un eufemismo que deja entrever el impacto del desfinanciamiento: desde la llegada de Milei y de Caputo al Ministerio de Economía, más de 2.500 obras públicas fueron paralizadas en todo el país. La estructura operativa de Vialidad quedó reducida a cuadrillas aisladas, sin insumos ni equipos y con presupuesto mínimo incluso para tareas de emergencia.

En Salta, la consecuencia fue inmediata: se frenaron obras de agua, hospitales, escuelas, rutas nacionales y provinciales. Las empresas locales dejaron de presentarse a licitaciones por la falta de actualización de precios y la negativa del Gobierno nacional a habilitar redeterminaciones. Recién en mayo de este año se adjudicó una compra mínima de mezcla asfáltica, insuficiente incluso para trabajos urgentes.

Un corredor estratégico en estado crítico

Tanto Leavy como el gobernador Gustavo Sáenz insisten en que la ruta 34 no es una vía secundaria: es el principal corredor agroindustrial del norte, el eje de conexión con Bolivia y un paso central para el transporte regional. Por allí circulan camiones de alto tonelaje, transporte público, trabajadores migrantes, estudiantes y vehículos de emergencia.

El deterioro no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que complica seriamente la economía de la región. Las demoras en el transporte de cosechas, la caída de la actividad comercial por la imposibilidad de trasladar mercadería y el aumento de los costos logísticos afectan a municipios como Tartagal, General Mosconi, Aguaray y Salvador Mazza, que denuncian de forma recurrente el estado del camino.

Un fallo que obliga a actuar

La resolución judicial es vista como un punto de partida. Obliga al Estado nacional a presentar un plan concreto de intervención y a demostrar con qué recursos ejecutará las tareas. Además, deja abierta la puerta para que se dicten medidas más estrictas si la situación no mejora.

El fallo también representa un revés para el discurso oficial del Gobierno nacional, que sostiene que "la obra pública era un robo". En el norte salteño, la ausencia del Estado no se vive como ahorro, sino como abandono. "La Ruta 34 se volvió un calvario diario, y el Estado nacional dejó de cumplir incluso con sus funciones mínimas", señaló Leavy en el expediente.