La Corte decomisa los bienes de Lázaro Báez por un monto total de más de US$60 millones

La Corte Suprema de Justicia de la Nación inició el procedimiento para transferir al Estado los fondos y bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como "la ruta del dinero K".

A través de un oficio enviado al Tribunal Oral Federal 4, encabezado por el juez Néstor Costabel, se notificó que se "ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas", que incluyen inmuebles registrados a nombre de Lázaro Antonio Báez y su hijo, Martín Antonio Báez.

La resolución también ordena que los bienes queden inscriptos bajo la titularidad de la Corte Suprema, "todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, y 522 del Código Procesal Penal de la Nación".

El monto total a recuperar supera los 60 millones de dólares. Según la condena dictada por el TOF 4 en abril de 2021, los bienes decomisados alcanzan aproximadamente 61,13 millones de dólares, repartidos en partidas de 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. Además, se suman fondos en pesos por unos 4,17 millones, actualizados según el índice de inflación del INDEC.

La ejecución de estos decomisos fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y ratificada por la Corte Suprema en mayo de 2025. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron el fallo que rechazó los recursos presentados por los condenados.

El proceso no estuvo exento de tensiones. Tras conocerse la sentencia, el Gobierno nacional emitió el Decreto 575/2025, que creó el Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de supervisar los activos incautados.

Esta medida generó rechazo en el Poder Judicial, ya que la Corte había determinado que la gestión de los bienes decomisados debía estar en manos de jueces penales para preservar la independencia judicial.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda denunciando una intromisión en las competencias judiciales. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials hizo lugar a una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto, al considerar que "altera el sistema de gestión de bienes ilícitos de manera inconstitucional, afectando la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria".

La ruta del dinero K 

La investigación reveló que entre diciembre de 2010 y abril de 2013, una organización criminal lavó fondos de origen ilícito provenientes de la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez. Utilizaron la financiera SGI y un complejo entramado para expatriar y reingresar casi 55 millones de dólares.

Los fondos eran transferidos a bancos internacionales con escaso control fiscal, a nombre de sociedades pantalla. Luego se compraban bonos de deuda pública que se liquidaban en el mercado local, simulando una inversión suiza para adquirir acciones de Austral Construcciones S.A.

La causa también documentó otras maniobras de lavado, como la compra de un campo en Mendoza (estancia El Carrizalejo) y un departamento en la avenida Del Libertador en Buenos Aires, ambos por parte de Leonardo Fariña. También se financiaron gastos personales, como la boda de Fariña con Karina Jelinek y la adquisición de autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder), con la participación de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.