Javier Milei vetó completamente el aumento de las jubilaciones: los motivos

El Presidente, Javier Milei, vetó totalmente el proyecto de ley que proponía un aumento en los haberes de los jubilados. A diez días de su sanción en el Congreso, Milei tomó esta decisión tras reunirse con sus aliados en Casa Rosada, manteniendo vigente el sistema previsional establecido por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado en marzo por su Gobierno.

El principal argumento presentado por el Gobierno para vetar el proyecto es la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Según el comunicado oficial, la implementación de este aumento generaría un gasto adicional de $6 billones para 2024 y $15 billones para 2025, representando el 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año en curso y el 1,64% del PBI para el próximo año.

El texto del veto, al que accedió el medio Ámbito, indica que "el proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".

Antes de hacer oficial el veto, Milei convocó a una cumbre con diputados del PRO y legisladores de La Libertad Avanza para asegurar que la oposición no lograra los dos tercios necesarios para revertir su decisión en el Congreso. En esta reunión, se plantearon las bases para futuros consensos, especialmente en torno al proyecto del Presupuesto 2025.

La semana pasada, durante una ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, Milei había anticipado su intención de vetar el proyecto, calificándolo como un "disparate fiscal" que implicaría una carga del 62% del PBI en toma de deuda, afectando gravemente a las futuras generaciones. Además, afirmó que "los jubilados están muchísimo mejor que antes".

El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones había sido aprobado el 22 de agosto en el Senado con 61 votos a favor de los 69 legisladores presentes. Este sistema combinaba el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), incluyendo un ingreso adicional del 8,1% para los jubilados y una recomposición de los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de la Nación, sumando $703.515 millones.

Por otro lado, el sistema decretado por Milei en marzo establece aumentos mensuales atados al IPC y contempló un ajuste único del 12,5% debido a la devaluación previa. No obstante, la oposición argumenta que el índice de inflación fue superior al 21%, lo que destruyó el poder adquisitivo de los haberes previsionales.

La decisión de Milei generó un intenso debate en el ámbito político y social, exponiendo las diferencias sobre la gestión fiscal y las políticas de bienestar social. La oposición continuará presionando para revertir el veto y garantizar mejores condiciones para los jubilados, mientras que el Gobierno se enfoca en mantener la disciplina fiscal y preparar el terreno para el Presupuesto 2025.

Esta controversia marca la complejidad de equilibrar las necesidades sociales con las restricciones fiscales, y cómo estas decisiones impactan en la vida de los ciudadanos y la estabilidad económica del país.