Imputan por contrabando agravado al exdiputado salteño Luis Gerónimo Cisneros

Luis Gerónimo Cisneros, exdiputado por el departamento General San Martín, fue detenido junto a tres choferes, un encargado de depósito y un asesor legal, tras una investigación penal llevada adelante por la fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal.

El caso fue formalizado ante la jueza federal de Garantías Ivana Hernández, quien aceptó la imputación por contrabando agravado por el número de intervinientes y el monto elevado de las operaciones. La magistrada también dictó prisión preventiva para los cinco detenidos y autorizó una serie de pericias. Además, se ordenó la captura nacional e internacional de Pablo Arequipa, socio de Cisneros y prófugo.

Según la fiscalía, la investigación comenzó a partir de informes internos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectaron operaciones comerciales de transporte de granos con documentación apócrifa vinculadas a una empresa propiedad de Cisneros. Se determinó que la firma había trasladado más de 15 millones de kilos de granos, principalmente hacia un depósito en Salvador Mazza cuya parte posterior desemboca en territorio boliviano.

La pesquisa identificó relaciones irregulares en al menos 11 actuaciones previas vinculadas al transporte de granos. Los allanamientos realizados el martes pasado con intervención de Gendarmería Nacional permitieron la detención de los imputados y el secuestro de mercadería por un valor estimado cercano a los 70 millones de pesos. También se incautaron teléfonos celulares y documentación comercial.

Cabe recordar que Cisneros ya había sido protagonista de un episodio controvertido en marzo de 2019, cuando fue demorado en un control de ruta en Santiago del Estero por portar aproximadamente dos millones de pesos en efectivo y un fajo de dólares sin la documentación correspondiente. En esa oportunidad, explicó que el dinero pertenecía a Lu.Ma.Cis SRL, empresa molinera y exportadora de su familia, de la que era gerente.

El proceso judicial sigue en curso y la fiscalía continuará con pericias y análisis de documentación para determinar la magnitud total del contrabando y las responsabilidades penales de los involucrados.