Orellana tras el escándalo por las pensiones en Anta: "Nunca tuve procesos judiciales como médico"

El diputado provincial por Anta, Francisco Gerardo Orellana, habló públicamente después de quedar imputado en la investigación federal por presuntas irregularidades en la gestión de pensiones no contributivas por discapacidad en Joaquín V. González y El Quebrachal.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, el médico sostuvo que confía en la Justicia, aseguró que se presentó cuando fue requerido y señaló que su defensa se encuentra revisando el expediente para conocer en profundidad la acusación.

Orellana manifestó además que está tranquilo y que espera que el avance de la investigación permita esclarecer los hechos. También afirmó que durante sus más de 34 años de ejercicio profesional no tuvo procesos judiciales como médico y defendió su trayectoria pública.

El legislador reconoció que la situación tuvo impacto en su familia y agradeció las muestras de apoyo recibidas, especialmente de vecinos de Joaquín V. González.

De qué acusa la Fiscalía a Orellana

La investigación está a cargo del fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación informó oficialmente que 15 personas fueron imputadas, entre ellas médicos, funcionarios y exfuncionarios, por una presunta organización dedicada a falsificar certificados médicos y otros documentos para tramitar pensiones por discapacidad.

En el caso de Orellana, la Fiscalía le atribuyó los delitos de asociación ilícita en grado de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La acusación fue formalizada ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, quien autorizó un plazo de un año para continuar con la investigación. También se dispuso una anotación de litis sobre bienes de los acusados durante ese período.

Qué sostiene la acusación sobre su etapa como intendente

Según la hipótesis presentada por el fiscal Amad, Orellana habría avalado durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, trámites de personas que no reunían los requisitos para acceder al beneficio.

La Fiscalía también sostuvo que, en períodos electorales, habría ofrecido pensiones a cambio de votos. Entre los casos incorporados al expediente se mencionó el de una mujer de 32 años a quien Orellana habría validado un diagnóstico con un 97% de discapacidad, según la acusación fiscal.

Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y deberán ser probadas durante el proceso judicial. 

Una causa que alcanza a 15 personas

La pesquisa comenzó en julio de 2024 y derivó en 26 allanamientos realizados en domicilios, hospitales, consultorios, clínicas privadas y dependencias municipales.

De acuerdo con el MPF, la investigación apunta a determinar si se utilizaban certificados, estudios y diagnósticos presuntamente falsos para conseguir pensiones que luego eran tramitadas ante la ANSES.

El fiscal también señaló que algunas personas habrían pagado más de $300.000 para gestionar los beneficios y que, en determinados casos, los montos habrían llegado hasta $1 millón.

En un cálculo más amplio presentado durante la audiencia, Amad citó un informe de Gendarmería Nacional sobre unas 9.000 pensiones que presentarían irregularidades de un total de 39.715 analizadas. Sobre esa base, estimó un eventual perjuicio de $3.240 millones mensuales y casi $40.000 millones al año.

La investigación continúa y será la Justicia Federal la que deberá determinar las responsabilidades de cada una de las personas imputadas.