Gabriela Flores aseguró que quienes ganen menos de 4,1 millones mantendrán el subsidio

La media sanción parlamentaria para modificar el Régimen de Zona Fría mantiene en alerta a las provincias del norte. Mientras el proyecto que reestructura los subsidios al gas espera su debate definitivo en el Senado, los legisladores salteños del oficialismo asumieron la tarea de defender la iniciativa en los medios locales.

En este escenario, la diputada nacional Gabriela Flores (La Libertad Avanza) brindó una entrevista en el programa Somos la Mañana, donde justificó la necesidad de aplicar un nuevo esquema aduciendo "desbalances" en el sistema anterior. No obstante, un análisis detallado de sus declaraciones expone marcadas inconsistencias entre la narrativa de equidad social utilizada y el diseño normativo del proyecto aprobado.

La paradoja del tope de ingresos frente al objetivo de ahorro fiscal

Durante el reportaje, uno de los argumentos centrales de Flores para transmitir tranquilidad a la clase media salteña fue el supuesto techo económico para mantener el beneficio. La legisladora afirmó de manera categórica: "Todas las familias que cobren por debajo de cuatro millones cien mil pesos van a mantener el subsidio". Para reforzar este punto, ejemplificó de forma matemática el caso de una pareja conviviente donde un integrante percibe un millón y medio de pesos y el otro dos millones de pesos mensuales.

Esta postura introduce una contradicción con el espíritu de austeridad y el diseño técnico del Subsidio Energético Focalizado (SEF) plasmado en la ley. De acuerdo con las proyecciones oficiales de la propia Cámara de Diputados, la implementación de este nuevo ordenamiento provocará que alrededor de 1.690.000 hogares pertenecientes a las zonas incorporadas en 2021 pierdan la asistencia estatal por superar los niveles de vulnerabilidad estipulados.

Si el tope de ingresos para continuar recibiendo el subsidio fuera efectivamente tan elevado y flexible como sostuvo la diputada en la televisión salteña, el universo de usuarios excluidos sería significativamente menor y, por consiguiente, el fuerte recorte del gasto público que el Poder Ejecutivo nacional persigue con esta reforma no se materializaría. Esta divergencia pone de manifiesto una falta de concordancia entre la rigidez del ajuste fiscal que se promueve en el Congreso y la flexibilización de las cifras que se difunden ante la opinión pública local.

El uso de excepciones habitacionales para dictaminar políticas climáticas

La segunda gran contradicción en el discurso de la legisladora surgió al momento de evaluar las asimetrías territoriales y cuestionar la vigencia del beneficio en Salta Capital. Flores buscó legitimar la quita de la automaticidad del subsidio en la capital provincial mediante una generalización basada en un consumo de élite: "Una persona de Entre Ríos subsidiaba a una persona de Salta Capital que tenía una pileta climatizada".

Pero el espíritu histórico de la Ley de Zona Fría no se estructuró bajo parámetros patrimoniales, sino como una herramienta de compensación geográfica para mitigar las marcadas diferencias de consumo residencial que imponen las bajas temperaturas invernales. 

Al argumentar que la presencia de usuarios con piletas climatizadas justifica la modificación del esquema para toda la Capital, la diputada omite la realidad de miles de hogares de barrios periféricos salteños que, careciendo de recursos de infraestructura o de lujos habitacionales, dependen del gas de red para calefaccionarse frente a inviernos crudos en los que las temperaturas son bajo cero.

El proyecto de reforma se traslada ahora al Senado de la Nación, una instancia donde la presión de los gobernadores de provincias con alta afectación climática jugará un rol determinante en la negociación de los bloques.

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