Funcionarios cobraron el IFE de forma irregular y podrían terminar presos

El escándalo de los funcionarios que cobraron el IFE sigue su curso en la justicia. El fiscal federal Ricardo Toranzos indicó que el plazo de 90 días para presentar descargos vence a fines de abril. 

En este sentido señaló que la investigación está "casi está concluida". "Está lista para, llegado el momento, plantear una acusación en algunos casos", aseguró Toranzos, quien explicó los detalles del proceso que se lleva adelante.

A su vez agregó que "como ingresamos en un sistema acusatorio que tiene todo el trámite oral, lo primero que se hace es hacerle conocer al imputado qué delito se investiga y qué delito se le achaca, eso es lo que hicimos en la formalización de la imputación. A partir de allí se da un tiempo para concluir la investigación", indicó.

Por otro lado, el magistrado remarcó que "en principio, la Fiscalía mantiene la hipótesis que planteó en la formalización de la imputación", y dijo: "Ellos son los que plantearon una especie de descargo en aquella oportunidad, estableciendo ciertas situaciones que iban en contra de las pruebas que ya se ofrecían. Por ejemplo, quien decía que no se había cobrado, se le presentó la fecha, la hora y la cuenta en la que se había adjudicado el dinero y que había sido percibido. No sé si eso se reformulará, seguirán sosteniendo lo mismo. Si ellos siguen sosteniendo lo mismo, nosotros hacemos la acusación y ya se va a lo que se llama una audiencia de control de acusación, que tiene por finalidad abrir el juicio".

No obstante, aclaró que "también se puede llegar a resolver este conflicto penal con acuerdos de penas". "Asumiendo la responsabilidad de la pena se pueden hacer acuerdos plenos o juicios preparatorios con respecto al juicio, propiamente dicho. En este caso, como la mayoría son funcionarios públicos, lo que no se puede hacer es aplicar ni probation, ni conciliación, ni principio de oportunidad", amplió.

En este punto, señaló que "la pena no solo es pena de prisión", y añadió: "Si bien muchos tienen prisión de ejecución condicional, también llevan una pena que es la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público". En tal sentido, y consultado al respecto, destacó que una posible inhabilitación podría quedar firme antes de las elecciones en el caso de realizarse un juicio abreviado, aunque con el nuevo sistema acusatorio una condena podría quedar confirmada antes de la asunción de autoridades.

Sobre la condicionalidad de la pena, explicó que "se tiene en cuenta la envergadura del daño al bien público protegido". "Los mínimos admiten la excarcelación o una prisión de ejecución condicional, el máximo no. Cuando superan los 3 años y un día tienen que ser de prisión efectiva", puntualizó asegurando que hay casos, conocidos públicamente, en los que la pena fue de prisión efectiva como el del ex vicepresidente Amado Boudou.

Finalmente, sobre el cobro del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción- ATP- por parte de funcionarios, señaló en el programa Algo Personal (Fm Noticias), que la investigación es llevada adelante por el fiscal federal Eduardo Villalba, que se encontraba de turno en aquella oportunidad.