En apenas 8 meses, Salta superó los femicidios de todo 2025

Salta lleva 12 años en emergencia por violencia de género y los números vuelven a golpear fuerte. Este martes, la Cámara de Diputados de la Provincia dio sanción definitiva a una nueva prórroga, luego de que la iniciativa obtuviera previamente el visto bueno del Senado.

La extensión vuelve a abrir una discusión que excede a la Legislatura: ¿qué está pasando para que, después de más de una década bajo emergencia, Salta siga enfrentando cifras tan graves?

Durante una entrevista con Somos la Mañana, la periodista feminista de Ciudadana Comunicación, Maira López, presentó datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) que dimensionan el problema.

Siete femicidios en apenas ocho meses

Según los datos exhibidos durante la entrevista, en todo 2024 se registraron 8 femicidios en Salta; en 2025 fueron 6 y entre enero y agosto de 2026 ya se contabilizaron 7.

Esto significa que en apenas ocho meses de este año ya se superó el total registrado durante todo 2025.

El informe también muestra que entre 2024 y agosto de 2026 se contabilizaron 21 femicidios distribuidos en nueve departamentos de la provincia. De ese total, 13 ocurrieron en el interior y 8 en Capital.

"Pasaron 12 años perfectamente de esa declaración de emergencia y empiezan los interrogantes, o por lo menos intentar entender qué está pasando, porque ya tenemos 12 años de prórrogas sucesivas en emergencia por violencia de género en la provincia de Salta", planteó López.

Las denuncias crecieron un 93%

Otro número presentado durante la entrevista muestra un fuerte crecimiento de las denuncias por violencia de género.

De acuerdo con los datos expuestos, en 2016 se registraron 14.695 denuncias, mientras que en 2025 fueron 28.314. La diferencia representa un incremento del 93%.

López aclaró que este crecimiento también debe analizarse teniendo en cuenta los cambios sociales de los últimos años. Una mayor cantidad de denuncias puede reflejar que más mujeres identifican situaciones que antes eran naturalizadas y se animan a recurrir a las instituciones.

"Hay un debate social en torno a entender qué es la violencia de género", señaló.

Sin embargo, la periodista advirtió que sigue existiendo un problema de fondo: mujeres que atraviesan situaciones de violencia y no llegan a realizar una denuncia, además de casos denunciados que requieren acompañamiento y seguimiento sostenido.

Doce años de emergencia: la discusión ahora es política

La emergencia fue declarada originalmente en 2014. Desde entonces, las sucesivas prórrogas buscaron mantener herramientas extraordinarias para prevenir y atender situaciones de violencia.

Para López, seguir prorrogándola resulta necesario, pero eso no debería impedir una evaluación sobre lo realizado durante estos 12 años.

"Si vos me decís que esta emergencia va a continuar porque lamentablemente seguimos como una de las provincias con la mayor tasa de femicidios, pero se van haciendo acciones, te digo: 'Bueno, dale, sigamos'. Pero si todavía tenemos una estructura estatal que no está completa, bueno, ahí vienen los cuestionamientos", sostuvo.

Uno de los puntos señalados durante la entrevista fue la estructura del Estado provincial destinada a abordar esta problemática. López recordó que el área de Mujeres, Géneros y Diversidad bajó de Secretaría a Subsecretaría y cuestionó que todavía existan cargos sin cubrir en organismos vinculados a la prevención y seguimiento de casos.

Entre ellos mencionó la situación de Irene Cari, quien, según explicó, ganó en 2019 un concurso para representar a organizaciones sociales dentro del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y cuya designación continúa pendiente.

¿Alcanza con volver a declarar la emergencia?

La periodista consideró que quitar la emergencia tampoco sería la solución. Por el contrario, sostuvo que permite mantener la problemática en agenda y garantizar herramientas para abordarla.

"Siempre la vamos a pedir. Personalmente la pido, por lo menos para que no quede de lado esta problemática", expresó.

Pero el planteo va un paso más allá: la emergencia debería traducirse en políticas concretas, presupuesto, prevención y acompañamiento efectivo para las mujeres que denuncian.

Durante el tratamiento legislativo, según explicó López, el Observatorio planteó la creación de un sistema provincial de acompañamiento territorial, con referentes para cada situación, articulación entre Provincia y municipios y seguimiento hasta que las personas afectadas puedan alcanzar condiciones de seguridad y autonomía.

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