¿Freno para Milei?: Diputados debate nuevo régimen legal para decretos presidenciales

La Cámara de Diputados fue convocada este miércoles a una sesión especial desde las 12 horas para tratar una amplia agenda impulsada por bloques opositores. Entre los temas más relevantes se destaca el proyecto de reforma del régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que genera fuerte preocupación en la Casa Rosada.

El proyecto, promovido por Unión por la Patria (UP) junto a los bloques de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los libertarios de Coherencia -un grupo disidente del oficialismo-, busca restringir el uso y la validez de los DNU, una de las principales herramientas con las que el Gobierno viene legislando ante la falta de mayoría parlamentaria.

Una reforma que cambia las reglas del juego

La propuesta establece que cada DNU deberá ser tratado por el Congreso en un plazo máximo de 90 días desde su publicación. Si ese plazo vence sin que haya sido debatido, el decreto quedará automáticamente derogado. Además, dispone que si una sola cámara -Diputados o Senado- lo rechaza, el DNU pierde vigencia.

La norma vigente, sancionada en 2006, dispone que los decretos sólo quedan anulados si ambas cámaras los rechazan expresamente, y no fija plazos para su tratamiento, lo que en la práctica permitió que numerosos DNU se mantuvieran activos indefinidamente.

Para ser aprobada, la reforma necesita 129 votos afirmativos, una mayoría absoluta que la oposición intentará reunir con apoyo de distintos bloques. Sin embargo, la posición del PRO y la UCR aún es incierta: ninguno de los dos firmó dictamen, y se especula con que parte de sus diputados podrían abstenerse o votar con el oficialismo, dificultando la aprobación final.

Tensión política y agenda cargada

En el oficialismo consideran que la iniciativa "atenta contra la gobernabilidad", especialmente en un momento en que el Ejecutivo depende de los decretos para avanzar con su programa ante la falta de acuerdos legislativos. "Restringir los DNU en este contexto equivale a paralizar al Gobierno", deslizaron fuentes cercanas a la Casa Rosada.

Además de la reforma a los decretos, la sesión incluirá otros proyectos de peso, entre ellos:

• La reforma en la distribución del impuesto a los combustibles, impulsada por gobernadores.

• Un pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por las presuntas coimas en la compra de medicamentos para la Andis.

• Un emplazamiento para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explique la decisión de no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

También estaba prevista la remoción del diputado José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, aunque su reciente renuncia volvió el tema "abstracto" y podría quedar fuera del temario.

Por último, la oposición buscará fijar el 20 de noviembre como fecha límite para que se emita dictamen del proyecto de Presupuesto Nacional 2026, un debate que promete ser otro punto caliente del calendario legislativo.

Si el proyecto de los DNU obtiene sanción definitiva, el Ejecutivo perdería una de sus herramientas más utilizadas desde el inicio de la gestión, lo que marcaría un fuerte cambio en la dinámica de poder entre el Congreso y la Presidencia.