La fortuna récord que pagarán los Karlen por el mayor desmonte ilegal del país

En una respuesta contundente contra la impunidad en el norte salteño, el Ministerio Público Fiscal de Salta ratificó que no dará un paso atrás en la histórica causa por los desmontes ilegales en Finca Cuchuy, en Tartagal.

La trama detrás del escándalo ambiental revela una sistemática violación a las leyes. Los terrenos de la finca contaban con el máximo estatus de conservación, clasificados bajo Categorías I (Rojo) y II (Amarillo) del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), por lo que cualquier tipo de tala estaba tajantemente prohibida. 

Sin embargo, durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey, la Provincia otorgó polémicos decretos de "cambio de zonificación" para autorizar el avance de la frontera agrícola, rezonificaciones que más tarde fueron declaradas ilegales y derogadas a nivel provincial y nacional tras masivas denuncias de organizaciones como Greenpeace.

Condena penal, acuerdo roto y el acorralamiento a los Wichí

La impunidad no se detuvo ahí. En abril de 2013, la Fiscalía de Tartagal abrió una causa penal porque las topadoras continuaban arrasando el monte a pesar de las reiteradas órdenes de paralización dictadas por la Secretaría de Ambiente y la Justicia. El avance de las máquinas derivó en octubre de 2015 en una condena penal contra el productor Juan José Karlen por el delito de desobediencia a la autoridad.

En diciembre de 2018, la Justicia homologó un acuerdo donde los empresarios Juan José y Daniel Darío Karlen se comprometieron a restaurar las más de 11.000 hectáreas destruidas. El plan buscaba frenar el desastre socioambiental en la ecorregión del Chaco Seco y reparar el daño a comunidades indígenas Wichí (como Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral) y familias criollas de parajes como Montevideo, Pozo El Viejo y La Bolsa, quienes habían quedado prácticamente acorraladas al perder el bosque de sustento del que dependía su supervivencia.

Trapicueros enganchados por satélite y un embargo histórico

El compromiso jamás se cumplió. A través de tecnología de última generación -imágenes satelitales de los sistemas Sentinel y Landsat, sumadas a relevamientos con drones- el Ministerio Público Fiscal, junto con el CIF, el INTA, la UNSa y la UBA, descubrió que los dueños continuaron realizando siembras y actividades agrícolas ilegales dentro de las zonas restringidas, además de hallar rollos de palo santo protegido.

Al confirmar que a los imputados les resultaba más barato pagar las multas que cumplir con la remedición forestal, el Procurador García Castiella impulsó una medida sin precedentes: solicitó y logró elevar el embargo preventivo sobre los catastros de $171 millones a la cifra récord de $21.805.106.128. Esta suma multimillonaria fue calculada técnicamente en base al costo real que demandará implementar un plan de restauración ambiental que llevará entre 20 y 30 años.

La maniobra final para borrar la causa

En las últimas horas, y calificados por la Justicia por mantener una actitud "temeraria y reticente", los Karlen presentaron una nueva apelación. En una jugada límite, buscan no solo dar marcha atrás con el embargo histórico, sino anular por completo todo el proceso judicial alegando la vigencia de supuestas nuevas normativas provinciales.

La Fiscalía desestimó el pedido al remarcar que la obligación de reparar el daño ambiental subsiste e invocó el principio de no regresión ambiental consagrado por la legislación nacional e internacional. La definición final quedó en manos de la Cámara de Apelaciones de la Provincia. Mientras tanto, la Fiscalía advirtió que si persiste el incumplimiento, la Finca Cuchuy podría ser decomisada e integrada al sistema provincial como Reserva Natural Protegida.