Flybondi cerró su oficina en Salta: el polémico vínculo de su dueño con Milei

La caída de Flybondi ya no es solo una crisis operativa: se convirtió en un escándalo judicial y político de dimensiones colosales. A la parálisis total de sus vuelos, que en agosto dejaron un saldo lapidario con el 80,5% de las cancelaciones, se le sumó un combo explosivo de embargos, deudas millonarias con el fisco y una feroz interna entre empresarios con conexiones directas al poder.

En medio de este escenario, los usuarios y los trabajadores pagan los platos rotos. La situación en el interior del país golpea con fuerza: en Salta, la compañía cerró su oficina en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes y dejó de operar, manteniendo a la provincia en vilo.

Cuentas bloqueadas y deudas con el Estado

El cerco judicial se cerró de golpe sobre la compañía. A pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Justicia ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa por casi $1.500 millones, debido a una deuda impositiva acumulada que supera los $1.400 millones.

A esto se le suman múltiples pedidos de quiebra presentados por proveedores locales e internacionales cansados de esperar. Firmas como Hotel Presidente SA y Li Azzurri SA accionaron legalmente reclamando cifras millonarias por servicios hoteleros y de asistencia que jamás fueron saldados.

El factor Scatturice y la guerra de dueños

Detrás del desplome financiero y operativo asoma una trama de poder. En 2025, el grupo COC Global Enterprise, vinculado al empresario argentino Leonardo Scatturice, se presentó como el nuevo accionista mayoritario tras desplazar al fondo Cartesian Capital Group.

A Scatturice se le atribuye una estrecha cercanía con el gobierno de Javier Milei y con el ámbito de los servicios de inteligencia, habiendo participado en gestiones diplomáticas clave en Estados Unidos. Sin embargo, el estallido de la crisis sacó a la luz una verdad incómoda: el traspaso formal de acciones nunca se concretó.

Ahora, en plena debacle, el holding de Scatturice anunció que iniciará acciones legales contra Cartesian, responsabilizándolos por la parálisis de la aerolínea, a pesar de que el propio Scatturice ya había volcado unos US$70 millones en el proyecto.

Más de 700 trabajadores a la deriva y silencio oficial

El costo humano del colapso es dramático. Más de 700 empleados fueron desvinculados o empujados a retiros voluntarios que la empresa nunca pagó. En provincias como Salta, Jujuy y Santiago del Estero, el personal se quedó sin fuentes de trabajo, sin cobrar sueldos de los últimos meses, sin aguinaldo y -lo que generó mayor indignación- sin cobertura médica, tras el corte de las prepagas por falta de aportes.

Los damnificados ya iniciaron protestas públicas, como la realizada frente al Aeroparque Jorge Newbery, y multiplicaron las demandas judiciales particulares.

Mientras los pasajeros suman deudas por más de US$19 millones en pasajes cobrados y jamás volados ni reembolsados, la ANAC mantiene una pasividad alarmante. Mientras en Brasil las autoridades le prohibieron tajantemente vender pasajes ante el altísimo nivel de incumplimientos, en Argentina el Gobierno mira para otro lado, dejando que el fantasma de la primera low cost del país se derrumbe llevándose puestas a cientos de familias y a miles de usuarios varados.