Giro inesperado en la Corte Suprema: podrían volver las restricciones de la Ley de Tierras
os jueces deberán analizar un nuevo planteo que podría restablecer provisoriamente los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. La decisión llega después de un fallo que generó fuertes críticas políticas y abrió otro capítulo en la disputa por la propiedad de tierras argentinas.
La Ley de Tierras vuelve a poner a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el centro de la escena política. Después de la polémica que provocó su último fallo, el máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes 9 de octubre, a las 9 de la mañana, con el objetivo de avanzar sobre un nuevo expediente que podría modificar el escenario judicial.
Según lo publicado por TN, fuentes judiciales confirmaron la convocatoria. Lo que está en discusión es un pedido de medida cautelar que, si prospera, podría restablecer de manera provisoria las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Se trata de los límites establecidos por la Ley 26.737, cuya derogación fue dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La reunión genera expectativa porque se produce apenas días después de que la propia Corte revocara una sentencia que había declarado inconstitucional esa derogación.
Sin embargo, el nuevo expediente tiene características diferentes y todavía no existe una decisión sobre el fondo de la cuestión.
Una reunión extraordinaria y una decisión que aceleró los tiempos
Antes de convocar al acuerdo, la Corte tomó una medida poco habitual: redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes pudieran impugnar la integración de los conjueces designados para intervenir en la causa.
También habilitó días y horas inhábiles, una decisión que permite avanzar con las actuaciones fuera de los plazos ordinarios.
En la resolución emitida este jueves, el tribunal explicó:
"En atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas".
Para completar la integración fueron designados Diego Barroetaveña, juez de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Mendoza.
Ambos aceptaron sus designaciones.
Como suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Qué podría pasar con la Ley de Tierras
El nuevo expediente tiene su origen en una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon.
El planteo está vinculado con una acción colectiva impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Los demandantes solicitaron una aclaratoria porque su amparo había sido considerado conexo al expediente del CECIM. Buscan que la Corte precise si la sentencia anterior tiene consecuencias sobre su propia causa.
La cuestión es relevante porque existe un pedido cautelar relacionado con las restricciones que establecía la Ley 26.737.
Si una medida cautelar fuera concedida con ese alcance, podría volver a aplicarse provisoriamente el régimen que limita la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
No significaría necesariamente una resolución definitiva sobre la constitucionalidad del decreto presidencial. Una cautelar tiene carácter provisional y está destinada a proteger derechos mientras se desarrolla el proceso judicial.
El fallo que desató la polémica
La semana pasada, la Corte Suprema revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 mediante el cual Milei derogó la Ley de Tierras.
Pero los jueces no resolvieron directamente si esa derogación era constitucional o no.
El argumento central fue procesal: consideraron que el CECIM no tenía legitimación activa para impulsar ese cuestionamiento judicial.
La decisión generó críticas de sectores de la oposición, que incluso plantearon la posibilidad de convocar a una sesión especial en el Congreso para intentar rechazar la totalidad del DNU 70/2023.
Ante las repercusiones, la Corte publicó un comunicado para explicar el alcance de su sentencia.
El tribunal sostuvo que había resuelto únicamente "un aspecto procesal" y aclaró que la decisión no afectaba otras medidas cautelares relacionadas con el mismo asunto que continuaran tramitándose en distintos tribunales.
También señaló que cualquier persona que considerara inconstitucional el régimen vigente podía solicitar una medida cautelar ante un juez competente.
Esa aclaración cobra importancia frente al expediente que ahora deberá analizarse.
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