Acusan a una concejal de cobrar dos sueldos y querer quedarse con la intendencia

La crisis institucional que atraviesa Vaqueros se desató tras la renuncia de Daniel Moreno al cargo de intendente para asumir su banca en el Senado provincial, dos años antes de concluir su mandato.

En su reemplazo asumió el entonces presidente del Concejo Deliberante, Daniel Viveros, referente del Partido Felicidad. Sin embargo, a poco más de tres meses de esa transición, el escenario volvió a convulsionarse.

En la sesión ordinaria del 1º de marzo, el cuerpo deliberativo eligió como nueva titular del Concejo a Andrea Salvatierra y, en ese mismo movimiento político, la designó intendenta hasta tanto se resuelva formalmente la conducción del municipio. Un escándalo. 

El eje de la polémica: presunto doble cobro de haberes

El foco del conflicto no radica únicamente en la disputa por la conducción municipal, sino en la situación personal de Salvatierra.

Diversos vecinos, organizaciones civiles y algunos concejales vienen señalando públicamente que la edil estaría percibiendo de manera simultánea dos sueldos: uno proveniente de la Provincia y otro del Municipio, lo que podría configurar una incompatibilidad funcional si se comprobara que ambos cargos son rentados y no cuentan con autorización legal expresa.

La acusación circula desde hace meses en redes sociales y fue mencionada en el recinto deliberativo. Sin embargo, el dato adquiere mayor gravedad institucional ahora que la concejal pretende ejercer la jefatura comunal.

Desde sectores críticos sostienen que, antes de cualquier proclamación como intendenta, debería esclarecerse su situación administrativa y patrimonial para evitar eventuales nulidades o conflictos jurídicos posteriores.

Presentaciones judiciales

Según informó cuarto.com.ar, el abogado Sebastián Aguirre Astigueta habría realizado una presentación judicial para que se investigue formalmente el presunto cobro simultáneo de haberes.

El planteo buscaría que la Justicia determine si existe incompatibilidad de funciones, percepción indebida de fondos públicos o alguna irregularidad administrativa que deba corregirse.

En paralelo, el intendente interino Viveros habría efectuado una presentación para que sea la Justicia quien dirima la legalidad de lo actuado en la sesión del 1 de marzo, en la que se proclamó a Salvatierra como autoridad ejecutiva.

Amenaza de toma y tensión institucional

De acuerdo con versiones recogidas en el ámbito municipal, Viveros habría convocado a Salvatierra a una reunión para informarle sobre las presentaciones judiciales y solicitarle que se preserve el normal funcionamiento del Concejo y del Ejecutivo.

Sin embargo, trascendió que la respuesta de la edil no habría sido conciliadora: le habría dado un plazo de 24 horas para abandonar el cargo y advertido que, de no hacerlo, avanzaría con la toma de las instalaciones municipales, según informó Cuarto.

La eventual concreción de esa amenaza profundizaría la crisis política en Vaqueros, donde parte de la ciudadanía ya califica la maniobra como un "golpe institucional".

Un conflicto que excede nombres propios

Más allá de las disputas partidarias y de las internas locales, el núcleo del conflicto radica en una cuestión de legalidad y ética pública: si quien pretende conducir el municipio se encuentra bajo sospecha de percibir simultáneamente dos salarios estatales, el esclarecimiento judicial se vuelve indispensable.

La resolución del caso no solo definirá quién ocupa la intendencia de Vaqueros, sino también el estándar institucional que regirá en adelante para el ejercicio de cargos públicos en el ámbito municipal.