Calleti contra Estrada: "Ordenó usar dinero del Congreso para operaciones en redes"

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados puso en marcha este miércoles a las 17 la discusión sobre el pedido de desafuero contra el legislador salteño Emiliano Estrada, imputado por presunta malversación de fondos y peculado de servicios en el marco de una causa que investiga la creación y difusión de noticias falsas desde cuentas vinculadas a su equipo.

En su intervención, la diputada Pamela Calletti resumió ante sus pares la teoría del fiscal: Estrada habría ordenado a asesores pagos por la Cámara -identificados como Florencia Bustamante y Javier Allemandi- abrir cuentas falsas y producir videos destinados a desprestigiar a dirigentes, periodistas y funcionarios, entre ellos al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Calletti afirmó que los ex colaboradores aportaron recibos y comprobantes y que "cumplieron órdenes ilegales" en esas tareas.

"No lo digo yo, lo dicen los recibos de sueldo y los comprobantes que están en la causa penal. Ellos mismos declararon haber recibido órdenes ilegales para abrir cuentas falsas y publicar videos destinados a atacar, desprestigiar y divulgar mentiras".

"Se ordenó a estos empleados -pagados por la Cámara de Diputados de la Nación- realizar tareas que no correspondían a su función legislativa. Eso constituye malversación de fondos públicos y violación de los deberes de funcionario público"

Según la acusación fiscal, los empleados del Congreso habrían utilizado recursos de la Cámara para tareas ajenas a sus funciones de asesoramiento legislativo -creación de contenido, manejo de cuentas en TikTok y difusión de mensajes falsos- lo que configuraría, a juicio del Ministerio Público, la violación de los deberes de los funcionarios públicos y un desvío de fondos públicos. En ese marco, la Fiscalía solicitó el desafuero para poder avanzar con la investigación en sede federal.

Testimonio clave y consecuencias penales

Florencia Bustamante, una de las ex empleadas que declaró en la causa, confesó ante la Justicia haber "cumplido órdenes" de su entonces jefe y puso a disposición pruebas materiales -celular, computadora y transcripciones- que, según la Fiscalía, vinculan a Estrada con la dirección de la operación mediática. Bustamante aseguró que no midió el impacto que tendrían los videos y relató que decidió declarar porque consideró que "no podía tapar lo que estaba pasando". 

Ambos ex colaboradores aceptaron un juicio abreviado y fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión en ejecución condicional y a un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, según la documentación incorporada al expediente. Esos fallos alimentan hoy el pedido de que Estrada pierda la inmunidad parlamentaria para ser citado y responder ante la Justicia.

Repercusiones políticas y pedido de medidas cautelares

En la sesión, además, se mencionó que ya existe un pedido de embargo del sueldo del diputado impulsado por parte querellante, y que las actuaciones vinculadas al desafuero son públicas y están en curso. La decisión que adopten los diputados marcará si la causa puede continuar ahora en sede federal con Estrada sin fueros o si deberá esperar al vencimiento de su mandato.

El tratamiento en la Cámara llega luego de que la Sala II de la Cámara Federal rechazara recursos de la defensa y avalara el avance del pedido de desafuero, lo que precipitó la remisión del expediente a la Cámara baja y la convocatoria de la Comisión que preside Nicolás Mayoraz. El debate, en plena semana decisiva para la política nacional, coloca al legislador salteño en el centro de una polémica que combina lo jurídico con lo político.