Amado Boudou también dejaría de cobrar su jubilación de privilegio

Esta mañana, el Gobierno anunció la revocación de la pensión y jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la reciente confirmación de su condena a 6 años de prisión en la Causa Vialidad. La medida fue presentada como un acto de "cordura y sentido común en la gestión pública" por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y señaló que Argentina, bajo el mandato del presidente Milei, "no destinará fondos a ninguna persona condenada por corrupción".

Además de Fernández de Kirchner, la Casa Rosada adelantó que esta política se extenderá a otros ex funcionarios que hayan sido hallados culpables en casos de corrupción, entre ellos el ex vicepresidente Amado Boudou. Según confirmaron fuentes oficiales, Boudou, condenado por su rol en la compra de la imprenta Ciccone, percibe actualmente una pensión vitalicia de $6.814.272 mensuales como ex vice de Cristina Kirchner. El ex funcionario, quien fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos y cumple su condena en prisión domiciliaria, podría perder también su beneficio en los próximos días.

La decisión del Ejecutivo, formalizada hoy en conferencia de prensa, se basa en que los beneficios jubilatorios contemplados en la Ley 24.018 no tienen carácter contributivo. "Se otorgan como reconocimiento al mérito y al honor del cargo", señaló Adorni, explicando que las condenas por corrupción de los involucrados contradicen esos valores. Este enfoque apunta a otros ex funcionarios, incluidos aquellos que han percibido pensiones de privilegio tras ser condenados.

En sus redes sociales, Adorni reafirmó la postura del gobierno, asegurando que la revocación de estos beneficios se extenderá a todos los ex funcionarios en condiciones similares, mencionando que "por supuesto" se avanzará en la eliminación de asignaciones especiales para todos los condenados. En este sentido, fuentes en la Casa Rosada indicaron que Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Menem, podría verse también afectada por la medida, ya que Menem fue condenado en 2015 por el pago de sobresueldos a funcionarios durante su mandato.

Aunque esta decisión del Ejecutivo ha sido bien recibida por sectores que reclaman transparencia en el uso de fondos públicos, en Casa de Gobierno reconocen que los afectados podrían apelar judicialmente la medida. Los asesores legales del Gobierno ya están preparados para enfrentar posibles reclamos en tribunales.