El Ministerio Público Fiscal volvió a mover fichas en una de las causas más sensibles para el gremio docente en Salta. El 21 de enero de 2026, el fiscal de Impugnación interino Daniel EspilocÃn presentó un Recurso de Queja para que la Corte provincial revise la decisión que redujo las penas a exdirigentes de ADP condenados por estafas.El planteo busca dejar sin efecto una sentencia de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que habÃa rechazado un Recurso de Inconstitucionalidad impulsado por la fiscal Mónica Poma.Las condenas originalesEl 25 de noviembre de 2024, el Tribunal de Juicio Sala VI, a pedido de la FiscalÃa de Delitos Económicos, habÃa condenado a: Patricia del Valle Argañaraz (exsecretaria general) Ana MarÃa Cerezo (tesorera) A seis años de prisión efectiva, por administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas.En ese mismo fallo, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi recibieron tres años de prisión condicional.La baja de penas que generó polémicaTras los recursos de las defensas, el Tribunal de Impugnación rechazó las absoluciones, pero cambió el criterio sobre las estafas. Entendió que los 26 hechos constituÃan una sola estafa continuada, combinada con administración fraudulenta.Con esa interpretación, redujo las penas a: 3 años y 6 meses de prisión efectiva para Argañaraz y Cerezo 1 año y 6 meses condicional para los otros dos imputados El argumento de la FiscalÃaPara el Ministerio Público Fiscal, esa reducción fue arbitraria. Sostiene que no se tuvo en cuenta que hubo 26 familias damnificadas, afectadas por maniobras distintas de captación de recursos, y no un solo hecho.Por eso, la FiscalÃa pide que la Corte declare mal denegado el recurso anterior y restablezca las condenas originales dictadas por el Tribunal de Juicio. Si la Corte hace lugar al planteo, las exautoridades de ADP podrÃan volver a enfrentar penas más altas y de cumplimiento efectivo, un dato clave para cientos de docentes y familias que siguieron el caso desde el inicio.
