El narcotráfico infiltra la Justicia en Salta: hay magistrados bajo sospecha

En el norte de la provincia de Salta, el narcotráfico parece haberse infiltrado en los recovecos más profundos de la Justicia, dejando al descubierto una red de corrupción que involucra a magistrados, narcotraficantes e intermediarios. Los recientes escándalos han puesto en evidencia la existencia de vínculos preocupantes entre actores judiciales y organizaciones delictivas, llevando a cuestionar la integridad de la Justicia en la región.

Entre los casos más notorios se encuentra el del exjuez de Instrucción de Orán, Edgardo Laurenci, quien enfrentó un jury de enjuiciamiento por haber dejado escapar a un sicario vinculado al crimen de Liliana Ledesma, una figura clave en el narcotráfico de la zona. Sin embargo, Laurenci logró evitar consecuencias mayores al renunciar a su cargo en marzo de este año, obteniendo una jubilación de privilegio que dejó sin efecto las investigaciones en su contra.

Otro caso reciente que ha encendido las alarmas es el del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Alejandro Parisi, quien junto a su secretario, es sospechado de haber otorgado el beneficio de prisión domiciliaria al líder de una banda de sicarios involucrados en violentos asaltos en la frontera. Este hecho ha derivado en la formación de un nuevo jury de enjuiciamiento contra Parisi, sumando más dudas sobre el accionar de los magistrados en la región.

El fenómeno no se limita al ámbito provincial. En la esfera federal, el exjuez Raúl Reynoso, condenado a 13 años de prisión por corrupción y liberado posteriormente, sigue siendo objeto de investigaciones que ahora también alcanzan al fiscal federal de Orán, José Luis Bruno. Ambos están acusados de haber recibido pagos sustanciosos en dólares por parte de narcotraficantes a cambio de su liberación.

Estos casos revelan una preocupante circularidad en la que los mismos actores judiciales que deberían proteger la ley, terminan siendo investigados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Un ejemplo de esto es la actuación de Laurenci y Parisi en el tribunal que condenó a los hermanos Castedo, conocidos narcotraficantes, por el asesinato de Liliana Ledesma. El proceso estuvo plagado de irregularidades y demoras, lo que llevó a fuertes cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal.

La Justicia en Salta se encuentra en una encrucijada. Los casos contra los jueces han sido impulsados por la Procuración General, que ha destinado recursos valiosos para investigar a sus propios miembros. Sin embargo, este enfoque ha dejado otros aspectos del servicio judicial desatendidos, en un ciclo que amenaza con perpetuar la corrupción.

Es evidente que el narcotráfico ha dejado su huella en el sistema judicial de la provincia. Reconocer esta realidad y actuar en consecuencia será fundamental para enfrentar un problema que ya no puede ser ignorado.