Préstamos y pagarés en blanco: así atraparon la banda que estafaba en Salta

Un importante despliegue judicial y policial se llevó a cabo en la ciudad de Salta en el marco de una investigación por presuntas estafas procesales, que incluyó 19 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital.

El operativo fue impulsado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), bajo la dirección del fiscal interino Pablo Rivero, y ejecutado por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías 5, a cargo del juez Pablo Zerdán.

Los procedimientos alcanzaron domicilios particulares, inmuebles presuntamente utilizados como direcciones ficticias en expedientes judiciales y un estudio jurídico ubicado sobre avenida Uruguay. En este último caso, intervino el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, que designó un veedor para resguardar el secreto profesional.

En total, participaron 55 efectivos y se utilizaron 13 vehículos para ejecutar el operativo de manera coordinada.

Cómo se inició la causa

La investigación comenzó a partir de informes remitidos por los juzgados de Procesos Ejecutivos de distintas nominaciones, donde se detectaron irregularidades reiteradas en expedientes promovidos por una misma parte actora, patrocinada por un mismo abogado.

Entre las anomalías más relevantes se identificaron domicilios coincidentes entre actores y demandados, direcciones inexistentes o sin relación con las personas involucradas, además de denuncias particulares que reforzaron las sospechas.

El análisis de más de 70 expedientes permitió establecer patrones sistemáticos de conducta y señalar como principales investigados a una mujer -que figuraba como actora- y a un abogado del foro local.

La maniobra bajo sospecha

Según la hipótesis fiscal, la organización captaba personas en situación de vulnerabilidad económica y les otorgaba préstamos informales bajo condiciones abusivas.

Como parte del esquema, se les exigía firmar pagarés en blanco, que luego eran completados con montos y datos falsos o desproporcionados. Con esos documentos, se iniciaban demandas ejecutivas consignando domicilios falsos, lo que impedía la correcta notificación.

Este mecanismo dejaba a las víctimas en estado de indefensión, facilitando embargos sin posibilidad de defensa y derivando en la pérdida de bienes o ingresos.

Además, los investigadores detectaron inconsistencias patrimoniales, el uso de presuntos prestanombres y la posible participación de una sociedad comercial denominada Famosa Bankia S.A., que habría funcionado como soporte de la operatoria.

Resultados de los allanamientos

Durante los procedimientos, se secuestraron sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, computadoras, teléfonos celulares, documentación, expedientes judiciales y pagarés vinculados a la causa.

En el domicilio de la principal investigada se incautaron cuadernos, comprobantes bancarios, un talonario de pagarés en dólares y otros elementos de interés.

Asimismo, en varios de los inmuebles utilizados como domicilios en los expedientes, se constató que estaban deshabitados, abandonados o pertenecían a terceros sin vínculo con la causa. En algunos casos, los ocupantes actuales manifestaron desconocer completamente a los investigados.

Medidas judiciales

Ante el riesgo de entorpecimiento, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de los implicados, la prohibición de salida del país y la restricción de contacto con denunciantes y damnificados.

Las personas involucradas fueron citadas a audiencia de imputación en la UDEC, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de la presunta maniobra.