Millonario embargo y nueva batalla judicial por los desmontes ilegales
La empresa volvió a apelar una resolución judicial, pero el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la obligación de recomponer el ambiente sigue vigente y pidió mantener las medidas cautelares.
La Fiscalía Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial del Norte-Tartagal presentó una nueva respuesta ante la Cámara de Apelaciones en el marco de la causa que busca garantizar la recomposición ambiental de los terrenos afectados por desmontes ilegales atribuidos a integrantes de la familia Karlen, en el departamento San Martín.
La presentación responde a una nueva apelación impulsada por la empresa contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la Justicia, una medida destinada a asegurar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental en caso de incumplimiento.
Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que el proceso judicial se originó por desmontes realizados en 2013 y que, años más tarde, uno de los integrantes de la familia asumió formalmente el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre miles de hectáreas afectadas. Ese acuerdo fue posteriormente homologado por la Justicia.
La Fiscalía sostiene que el compromiso sigue vigente
A lo largo de los últimos años, la Fiscalía realizó intimaciones, inspecciones técnicas y diversas actuaciones para verificar el avance del plan de restauración. Sin embargo, según el organismo, no se registraron avances suficientes para cumplir con el compromiso asumido.
Durante el proceso, los demandados presentaron numerosos recursos judiciales y planteos defensivos que, de acuerdo con la Fiscalía, fueron rechazados en distintas instancias.
En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, la empresa solicitó que se deje sin efecto el proceso judicial, argumentando que la nueva legislación provincial sobre bosques modificaría el escenario legal.
No obstante, la fiscal Rosa Vélez Román sostuvo que ese planteo carece de fundamento jurídico y remarcó que la obligación de recomponer el daño ambiental permanece vigente, independientemente de los cambios normativos que puedan producirse.
La Cámara deberá resolver la apelación
La presentación también destaca que la legislación ambiental vigente mantiene criterios de protección para los desmontes ilegales y recuerda la aplicación del principio de no regresión ambiental, que impide reducir los niveles de protección alcanzados en materia ambiental.
Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá analizar los argumentos de ambas partes y definir si confirma la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la Justicia para garantizar la eventual ejecución de las tareas de restauración ambiental en los catastros involucrados.
Comentarios