Piden juicio para un hombre acusado de abusar de una menor con la que convivía en Salta
El fiscal Federico Obeid solicitó que la causa llegue a juicio oral. El acusado tiene 28 años y está imputado por abuso sexual simple agravado y desobediencia judicial. El caso sacude a una familia salteña.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) pidió ante el Juzgado de Garantías N.º 2 la elevación a juicio de una causa contra un hombre de 28 años. Está acusado de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una menor, en concurso real con desobediencia judicial.
La investigación se activó en agosto de 2025, cuando una agente de la Policía de Salta intervino ante la denuncia de una adolescente de 13 años que se encontraba extraviada. Durante la entrevista, la menor fue clara: no quería volver a la casa donde vivía con su madre y la pareja de ella.
El testimonio que encendió la alarma
Según consta en la causa, la adolescente señaló al acusado como adicto a sustancias prohibidas y lo responsabilizó por tocamientos indebidos. Más tarde, la denuncia fue ratificada en Cámara Gesell, donde la menor brindó detalles de los hechos que habría sufrido.
Ese testimonio fue clave para avanzar en la investigación y sumar pruebas que hoy sostienen el pedido de juicio oral.
Medidas judiciales que no se cumplieron
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron un dato grave: el acusado ya tenía medidas judiciales vigentes. En junio de 2025, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N.º 1 había ordenado su exclusión del hogar y una restricción de acercamiento, tras una denuncia por violencia de género realizada por la madre de la menor.
Pese a esa orden, el hombre siguió conviviendo con ambas, lo que derivó en la imputación por desobediencia judicial.
Pruebas y próximo paso
Para el fiscal Obeid, los elementos reunidos -testimonio de la víctima, informes médicos, psicológicos y socioambientales- son suficientes para avanzar. Por eso, solicitó que el imputado sea llevado a juicio oral, donde se definirá su responsabilidad penal.
El caso vuelve a poner el foco en la protección real de niñas y adolescentes y en el control efectivo de las medidas judiciales. Cuando las restricciones no se cumplen, el riesgo es inmediato para las víctimas.


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