Imputaron al dueño de Cerdo Negro por trata de personas con fines de explotación laboral

Un reconocido empresario gastronómico de Salta, propietario de Cerdo Negro, fue imputado en una causa en la que se investiga la presunta explotación laboral de siete trabajadores que desempeñaban tareas en una finca dedicada a la producción porcina y también al cultivo y cosecha de tabaco y aceitunas.

La investigación se inició luego de una denuncia anónima realizada a través de la línea 145, destinada a recibir reportes vinculados con posibles casos de trata y explotación de personas. A partir de esa comunicación se desplegó un procedimiento en el establecimiento.

Qué encontraron durante el procedimiento

De acuerdo con la información conocida sobre la causa, en el operativo intervinieron la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Durante la inspección habrían detectado graves irregularidades laborales y condiciones de alojamiento extremadamente precarias.

Según se expuso durante la audiencia, algunos trabajadores residían en habitaciones con pisos de tierra, dormían en camas improvisadas con palets, utilizaban letrinas como baños y debían calentar agua en recipientes para poder higienizarse.

También se presentaron fotografías tomadas en la finca y se analizó la situación de 20 trabajadores que se encontraban en el lugar. La investigación sostiene que existían salarios bajos y deficiencias en la registración laboral. Incluso se habría advertido que algunos empleados atravesaban dificultades para cubrir su alimentación, según detalló Fiscales Penales.

La grave acusación contra el empresario

En este contexto, el propietario fue imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de personas presuntamente afectadas, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por haberse consumado la explotación, según la calificación legal informada.

Si bien durante el procedimiento se relevó la situación de 20 trabajadores, la imputación refiere concretamente a siete presuntas víctimas, de acuerdo con la información difundida hasta el momento.

La Justicia estableció un plazo de seis meses para profundizar la investigación y dispuso diferentes medidas coercitivas contra el empresario. Entre ellas se encuentran la prohibición de salir del país y la prohibición de mantener contacto con determinados empleados.

La causa continuará ahora con la producción de pruebas destinadas a establecer las condiciones en las que trabajaban y residían las personas encontradas en el establecimiento y determinar las responsabilidades correspondientes. La imputación no implica una condena y el acusado conserva su estado de inocencia mientras avance el proceso judicial.