Estafas por casi $1.000 millones: elevan a juicio la causa contra las hermanas Maigua
Ofrecían viajes al exterior. Prometían destinos como México, Dubai y Egipto. Nunca cumplían. Cobraban por servicios que no prestaban.
La fiscal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías 4 que eleve a juicio la causa contra Ana Inés Maigua y Carlota Maigua, acusadas de cometer 181 estafas en concurso real. Ambas están imputadas por engañar a decenas de personas mediante la venta fraudulenta de paquetes turísticos al extranjero.
La causa se inició a partir de múltiples denuncias de personas que señalaron haber sido víctimas de estafas al contratar viajes con la agencia "Siddartha Viajes", dirigida por las hermanas Maigua. Según la investigación, las acusadas se valían de su supuesta experiencia en el rubro turístico para ofrecer viajes a destinos como México, Dubai, Miami o Egipto, que jamás llegaban a concretarse.
La fiscal explicó que los pagos eran recibidos por diversos medios, como transferencias, efectivo o tarjetas, mientras que los clientes recibían documentación falsa: reservas que nunca existieron y facturas apócrifas. "Mediante un ardid basado en su supuesta trayectoria en el rubro turístico, ofrecían paquetes internacionales (...) que jamás cumplían", sostiene el expediente.
Un informe contable incorporado a la causa reveló que, de los más de 979 millones de pesos ingresados a través de la agencia, al menos 148 millones y más de 460 mil dólares correspondían a servicios que nunca se prestaron. Además, otros 320 millones habrían sido utilizados con fines totalmente ajenos al turismo. Los viajes ni siquiera habían sido contratados con proveedores.
En paralelo al proceso penal, Carlota Maigua presentó un pedido de concurso preventivo, que fue rechazado por el Juzgado de Concursos y Quiebras N.º 1. La decisión se basó en que no se acreditó actividad comercial actual, no había ingresos comprobables, ni se presentó ninguna propuesta concreta para pagar a los acreedores.
Desde la Fiscalía se asegura que ambas imputadas actuaron desde un principio con la intención de incumplir, montando una estructura simulada para obtener ganancias a costa de los damnificados. La acusación se respalda en numeroso material secuestrado durante los allanamientos, como cuadernos, fichas, pasaportes, recibos y folletería. "La maniobra quedó al descubierto con la declaración de proveedores mayoristas y un informe contable", explicó la fiscal Salinas Odorisio.
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