Vendían terrenos que nunca entregaban en Salta y ahora deberán devolver una fortuna

La Justicia de Salta resolvió que tres personas acusadas por estafas inmobiliarias y maniobras fraudulentas de inversión deberán reparar económicamente a diez damnificados, luego de que la Fiscalía y las partes alcanzaran acuerdos conciliatorios.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Cecilia Flores Toranzos, quien hizo lugar a las soluciones alternativas propuestas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio.

Más de $40 millones en reparaciones

Uno de los principales imputados, Carlos Adrián Huergo, deberá pagar 31 millones de pesos a seis víctimas mediante distintos planes de pago con actualización. Además, realizará tareas comunitarias durante seis meses y cumplirá una suspensión del juicio a prueba por dos años.

En tanto, Julio César Aldecoa deberá abonar 9 millones de pesos a tres damnificados y también obtuvo la suspensión del juicio a prueba, aunque por el plazo de un año.

Por otra parte, Huergo y Mario Gustavo Maldonado alcanzaron un acuerdo con otro de los damnificados, que contempla la entrega del dinero embargado en una cuenta judicial y el pago adicional de 1,5 millones de pesos en cuotas.

Cómo operaban las presuntas maniobras

Las investigaciones comenzaron tras varias denuncias por operaciones inmobiliarias irregulares.

Según la acusación, Huergo fue contratado para comercializar un loteo en barrio Intersindical, pero habría vendido terrenos y cobrado el dinero sin entregarlo a los propietarios.

También fue investigado por ofrecer terrenos que nunca fueron entregados y por prometer reemplazos por otros inmuebles que tampoco se concretaron.

En otra causa, los tres acusados habrían ofrecido supuestas inversiones con una rentabilidad del 20%, captando dinero en pesos y dólares que luego nunca devolvieron.

Evitarán el juicio si cumplen

La jueza consideró que, al tratarse de delitos patrimoniales y no registrar antecedentes condenatorios, los acuerdos permitían priorizar la reparación económica de las víctimas.

Sin embargo, los imputados deberán cumplir estrictas reglas de conducta, entre ellas:

• Fijar domicilio y comunicar cualquier cambio.
• No cometer nuevos delitos.
• Abstenerse del consumo abusivo de alcohol y drogas.
• No salir del país sin autorización judicial.

En caso de incumplir cualquiera de las condiciones, la suspensión del juicio podrá ser revocada y el proceso penal continuará.