Escándalo en Salta: un exdiputado acusado de contrabando quiso coimear a un auxiliar fiscal

El caso que sacude al norte provincial sumó en las últimas horas un capítulo que encendió todas las alarmas en la Justicia federal. El exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisnero, que ya estaba imputado por asociación ilícita y contrabando agravado de granos a gran escala, ahora fue acusado de intentar sobornar a un auxiliar fiscal en Tartagal, provincia de Salta.

Según informó El Tribuno, la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta avanzaron con una ampliación de la imputación en su contra, incorporando los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. La acusación no es menor: apunta directamente a un intento de interferir en el proceso judicial que ya lo tenía como protagonista.

Una maniobra planificada para llegar al funcionario

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia por la fiscal federal Lucía Orsetti, el intento de soborno no fue improvisado, sino parte de una estrategia armada para acceder al auxiliar fiscal a través de terceros.

Cisnero habría intentado primero contactarlo mediante una persona vinculada a su entorno familiar, pero al no lograrlo, recurrió a un intermediario identificado como J.M.A., quien terminó accediendo a un amigo del funcionario judicial y así logró concretar el contacto.

El episodio más delicado ocurrió el sábado pasado en General Mosconi, cuando el intermediario interceptó al auxiliar fiscal a la salida de un gimnasio y le propuso continuar la conversación dentro de un vehículo. El funcionario, que ya estaba advertido de la situación, registró todo con una grabadora oculta.

Audios, dinero y una audiencia clave en la mira

Durante ese encuentro, se ofreció dinero a cambio de influir en una instancia determinante de la causa: la audiencia del próximo 23 de junio, en la que la fiscalía debe formalizar la acusación en el expediente principal por contrabando.

Los audios incorporados como prueba muestran al intermediario hablando de disponibilidad de dinero y de la necesidad de obtener garantías procesales que evitaran una eventual detención de Cisnero. Para los fiscales, esto constituye un intento concreto de manipular el accionar judicial.

La gravedad fue tal que el Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como de "inusitada gravedad institucional", un criterio que fue compartido por la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández.

Le revocaron la libertad y ordenaron su detención

En la audiencia de formalización realizada este jueves, la jueza resolvió revocar la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que Cisnero había obtenido previamente y dispuso su prisión preventiva por 60 días.

La medida también alcanzó al intermediario J.M.A., quien fue imputado por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita. Ambos quedaron detenidos en el marco de una causa que sigue sumando elementos comprometedores.

Entre los argumentos de la magistrada pesaron el riesgo de fuga y, sobre todo, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta el intento de soborno detectado.

Una causa millonaria que ya venía complicada

Cisnero está bajo la lupa judicial desde el 23 de septiembre del año pasado, cuando fue detenido e imputado por integrar una presunta red de contrabando de granos a gran escala. La causa ya tenía derivaciones fuertes en el norte provincial, con procedimientos en Salvador Mazza y zonas cercanas.

Con el paso de los meses había logrado el arresto domiciliario y luego la libertad bajo caución, pero ese escenario cambió por completo tras la nueva imputación.

Allanamientos, millones y bienes de lujo

En los operativos realizados recientemente en Campamento Vespucio, Tartagal y el barrio privado Green House de General Mosconi, la Justicia secuestró una importante cantidad de bienes.

El avalúo preliminar supera los 584 millones de pesos e incluye dinero en efectivo en distintas monedas, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, documentación, joyas, una barra de oro y un arma de fuego calibre .22 con municiones.

Además, la jueza autorizó peritajes sobre los dispositivos secuestrados, que ahora serán clave para profundizar la investigación y determinar si hay más personas involucradas.