Investigan a dos policías por presuntos certificados truchos de antecedentes penales

Una investigación judicial sacude a la Policía de Salta. Dos efectivos son investigados por una presunta maniobra vinculada a la emisión irregular de certificados de antecedentes penales utilizando documentación oficial que habría sido sustraída y cobrando dinero por trámites realizados por fuera de los mecanismos habilitados.

De acuerdo a lo publicado por el medio Expresión del Sur, la causa está en manos de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien ordenó allanamientos en viviendas de los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y documentación que podría resultar clave para avanzar con la investigación.

Cómo comenzó la investigación

El caso salió a la luz luego de una denuncia realizada por la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones (DGI), tras detectarse la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para validar certificados de antecedentes policiales.

Se trata de elementos numerados de manera correlativa y considerados indispensables para otorgar autenticidad a este tipo de documentos.

Las primeras averiguaciones apuntaron a un efectivo que, pese a estar asignado a otras funciones, permanecía en el área donde se detectó la irregularidad. Según la investigación, prestaba servicios en la Oficina de Dactiloscopía, una dependencia que no tiene facultades para gestionar cobros ni emitir certificados.

Al revisar sistemas informáticos y documentación interna, los investigadores detectaron movimientos que despertaron sospechas sobre la confección de certificados ajenos a sus funciones habituales.

Docentes pagaron por el trámite

Uno de los elementos más comprometedores surgió tras entrevistar a personas cuyos datos figuraban en certificados observados por los investigadores.

Entre ellos aparecieron dos docentes que aseguraron haber recibido la oferta para gestionar antecedentes penales de manera particular.

Según declararon, un hombre vestido de civil se presentó en el establecimiento educativo donde trabajan con formularios y materiales para la toma de huellas dactilares.

Por el servicio habrían abonado 32 mil pesos mediante transferencia bancaria.

La investigación permitió identificar al supuesto intermediario como un agente policial. Además, los pesquisas establecieron que el alias bancario donde se habría recibido el dinero pertenecería al segundo efectivo bajo sospecha.

Buscan determinar si hay más implicados

La fiscalía sostiene además que uno de los sospechosos habría aprovechado vínculos con una institución educativa para ofrecer certificados de antecedentes por fuera del sistema oficial, evitando turnos web y aranceles establecidos.

Ahora la investigación busca determinar el verdadero alcance de la maniobra y establecer si existen más personas involucradas o beneficiadas por este presunto circuito ilegal de emisión de certificados.