Desalojo en el asentamiento de Parque La Vega: los policías podrían ir presos

El año pasado más de 1200 familias estaban asentadas en Ampliación Parque La Vega, tras varios meses de lucha decidieron desalojar el lugar. Pero, antes de hacerlo por voluntad propia hubo una noche de tensión contra efectivos policiales que dejaron a varios salteños heridos. 

Por tal motivo, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a 20 efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (19 hechos), en calidad de coautores y en perjuicio de 21 víctimas.

Las imputaciones recayeron sobre el comisario Federico Samuel Heredia, de 43 años; los suboficiales principales Claudio David Flores, de 44 y César Hugo Brizuela, de 48; los sargentos ayudantes Raúl Néstor Herrera, de 39; Diego Fernando Suárez, de 37; Carlos Eugenio Torres, de 43; Jorge Enrique Acoria, de 41; Diego Gustavo Tolaba, de 35; Gustavo Adolfo Flores, de 42 y Gustavo Ariel Quispe, de 43; el suboficial mayor Claudio Daniel Muruaga, de 47; oficial principal Marcos Guillermo Rodríguez, de 40; oficial ayudante Simón Antonio Cansino, de 28; el sargento Carlos Alberto Ríos, de 34; suboficial principal Hugo Ariel Troncoso, de 43; cabo Diego Aniceto Potosí, de 36; todos con revista en la División de Infantería.

También fueron imputados el subprincipal ayudante Mauro Renato Luna, de 44; sargento ayudante Daniel Fernando Mamani, de 49, la cabo Estela Margarita Ampuero, de 21, y el cabo Cristian Gonzalo Blas Pereyra, de 26; todos con revista en el Departamento de Seguridad Urbana.

Entre los elementos colectados durante la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, valoró la denuncia de la Delegación Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, denuncias e informes de relevancia de los efectivos que participaron del hecho, certificados médicos, informes y copias del libro de guardia, soportes magnéticos y análisis de grabaciones y fotografías de los lesionados, entre otros, cuyo contenido fundamentan el requerimiento por resultar coincidentes respecto a la ocurrencia de los hechos y la autoría de los imputados.

Así, surgió que entre las 18:30 del 25 y las 0:30 del 26 de agosto del 2020, en el asentamiento Ampliación Parque La Vega, los funcionarios imputados desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de 21 personas mediante el uso de armas largas y marcadoras, a quienes le causaron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, según se constató tras el examen médico del CIF.