Juez le negó la prisión preventiva a los agentes del Servicio Penitenciario

En una audiencia "multipropósito" llevada a cabo este lunes, el juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, decidió no otorgar la prisión preventiva solicitada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt para siete funcionarios del Servicio Penitenciario y otros involucrados en un caso de corrupción y narcotráfico. 

La causa investiga presuntas exigencias de dinero a cambio de beneficios y el ingreso de elementos prohibidos a personas detenidas. A pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal, el juez concedió el arresto domiciliario a 14 de los involucrados, incluyendo a la madre de un detenido vinculado al fraccionamiento y tráfico de sustancias estupefacientes. 

Esta decisión sorprendió a los fiscales, quienes argumentaron la necesidad de mantener a los imputados detenidos para avanzar en la investigación y evitar el entorpecimiento del caso.

La Unidad Fiscal había fundamentado su solicitud de prisión preventiva en la contundencia de las pruebas recabadas durante 36 allanamientos realizados el 6 de diciembre pasado. Se secuestraron elementos prohibidos y se reveló un presunto aprovechamiento de vulnerables privados de libertad que debían pagar para acceder a beneficios.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio expresó su sorpresa ante la decisión del juez, señalando que la audiencia fue realizada por un magistrado que no es el juez natural de la causa. También destacó las improlijidades del Plan Piloto de Oralidad de la Oficina de Gestión Judicial de Garantías, que, según la fiscal, generó desorden en la audiencia.

El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, ante la gravedad de los hechos investigados, decidió intervenir en la causa en forma conjunta con los fiscales, sumándose formalmente al proceso. García Castiella expresó su preocupación por el mensaje que se envía a la sociedad y destacó la importancia de fortalecer ejemplos morales ante casos tan execrables de corrupción y quebrantos de la legalidad por parte de funcionarios del Servicio Penitenciario.

La decisión del juez de conceder el arresto domiciliario a los acusados ha generado controversia y será clave para el desarrollo futuro de la investigación, que busca esclarecer una red de corrupción y narcotráfico dentro del ámbito penitenciario. La Fiscalía insiste en la necesidad de mantener detenidos a los involucrados para garantizar la continuidad de la pesquisa.