"En Orán, el 80% vive de algún tipo de contrabando", aseguran desde Nación

Esta semana diario La Nación publicó un crudísimo informe sobre el comercio y los pasos ilegales que no pueden ser totalmente controlados en el norte de Salta, más precisamente entre las ciudades de Aguas Blancas y Bermejo (Bolivia). "La fiesta del contrabando", calificó el medio en una especie de crónica que relata cómo opera el circuito de "chalanas" sobre el río. 

En el mismo informe se publican palabras de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que asegura que en el norte de Salta la mayoría vive de algún tipo de contrabando. 

"Allí se vive con un Estado paralelo, con reglas propias y particularidades que ocurren en los territorios de frontera, donde las normas las dictan los poderosos. En Aguas Blancas la regulación la escriben los contrabandistas y los narcotraficantes", dice el texto. 

Según afirma, por esa entrada informal llega gran parte de la cocaína que se consume en el país o que desde aquí se envía al exterior.

"Hay quienes dicen que el problema es la binacionalidad, pero no es así. El problema es que Orán es la segunda ciudad de Salta y el 80% de su gente vive de distintas formas de contrabando; es una zona que nos preocupa mucho. Se ha retirado el trabajo y la subsistencia es por medio del tráfico ilegal", dice la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

El negocio de los bagayeros

La subsistencia de la mayoría del pueblo y de los habitantes de la zona depende de una sola cosa: cruzar el río y llegar a Bermejo, una localidad boliviana que tiene 30.000 habitantes. Luego, descargar y cargar, según sea el caso, y regresar. De eso, y de planes sociales se vive en la frontera de Salta, uno de los lugares más complicados de las fronteras argentinas.

Cuando el día despunta empieza el peregrinaje. A diario miles de personas cruzan el río para marchar a Bolivia. Formalmente, "las chalanas", unas lanchas con motor fuera de borda similares a las que corren por el Tigre pero mucho más pequeñas, están detenidas. Ese es el transporte legal que se interrumpió a partir de la pandemia. Solo las habilitan para el paso de alumnos que llegan a las escuelas argentinas.

Sobre esa base, una lona azul. Decenas de esos aparatos flotantes hacen fila sobre el lado argentino y se acercan a un muelle de unas pocas maderas rectas. Los pasajeros suben de a 20 a las balsas a cambio de 200 pesos cada uno. Una vez parados y amontonados sobre ese camastrón flotante, se desacopla del muelle y empieza la navegación.