Ángel Sarmiento habló tras quedar imputado por el ingreso de Monges a la cárcel

El director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, Ángel Sarmiento, fue imputado como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificados en perjuicio de la administración pública.

Tras presentarse en la audiencia de imputación, destacó: "Se ha acompañado algunos medios de prueba que entendíamos que eran necesarios y vamos a efectuar la respuesta cuando corresponda".

De acuerdo con el análisis del funcionario, su acción se limitó a la obligación que tienen de dar respuesta a los requerimientos de la prensa. "Hemos puesto en conocimiento al Ministro primero y después al Ministerio Público Fiscal. Entiendo que, en esta semana, el Ministerio está realizando la respuesta respectiva y vamos a esperar a que la justicia resuelva en base a los hechos que realmente sucedieron en este caso", dijo.

Además, destacó que sus declaraciones fueron a partir de trascendidos que ya eran de público conocimiento. "Lo que hicimos fue dar una respuesta ante la solicitud de los medios de prensa de estas situaciones que ya circulaban en cantidad por todos los medios de prensa de la Provincia", insistió.

En concreto, la imputación, dijo, se debe a que la fiscalía considera que Sarmiento carecía de las facultades para este tipo de actuaciones. "En la audiencia de imputación, lo que se puede objetar es, sobre todo en el caso de abuso de autoridad, si el cargo que ocupo actualmente tiene la facultad o no para poder funcionar o desarrollarse dentro de la institución penitenciaria. Esa prueba es la que hemos adjuntado, las facultades otorgadas por el Ministerio a mí como Director de Políticas Penales de la Provincia", detalló a Fm Aries.

Aclaró así que la investigación por el presunto permiso otorgado por Benjamín Cruz a Monges no forma parte de esta imputación, aunque el Ministerio está respondiendo un oficio al respecto esta semana. Según Sarmiento, los delitos por los que se lo imputó establecen penas que van desde multas a entre 6 meses y dos años de cárcel.