Política

Christian Thomsen Hall

Periodista de La Noticia

La condena a Chocobar y la impunidad de la política

El caso comenzó con una gestión y terminó con otra. Es una discusión profunda que se inscribió en la enorme grieta nacional.

No hay manera de pensar al caso Chocobar fuera del contexto político en el que se produjo y se mantuvo. De la misma manera se debe observar el fallo de la Justicia, que impacta en la manera en que las fuerzas se manejarán de aquí en adelante. Es una causa que comenzó con una gestión y que termina con otra, una discusión profunda que se inscribió en la enorme grieta nacional y que difícilmente se pueda saldar con la resolución de tres jueces. Para intentar comprender este fenómeno es necesario revisar el pasado y analizar qué responsabilidad le cabe a los políticos.

En 2013 Sergio Massa irrumpió en los primeros planos de la escena política acompañado de una inefable estrategia. Con una economía que trastabillaba pero que aún se mantenía fuerte, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner se las ingenió para lograr instalar la problemática de la inseguridad en la agenda nacional. Embanderado en esa causa y haciendo gala del moderno dispositivo de seguridad implementado durante su gestión como Intendente de Tigre, logró alzarse con el triunfo en las elecciones de medio término de ese año.

La victoria del líder del Frente Renovador estableció un cambio de paradigma en la política bonaerense. La inseguridad, que desde hace años era un tema tabú para el kirchnerismo y hasta una "sensación" según las declaraciones del propio Aníbal Fernández, pasó a ser un factor central en las campañas electorales posteriores. Así llegó el auge de las policías comunales, que fueron impulsadas por el radical Gustavo Posse en San Isidro y posteriormente copiadas por muchos intendentes peronistas que curiosamente, en un principio lo habían criticado por esta iniciativa.

Pocos años más tarde, los candidatos a intendentes se vanagloriaban por llenar de uniformados las calles de sus municipios. A nivel provincial, Daniel Scioli no fue ajeno a este fenómeno. Cabe recordar que en 2011, el asesinato de Candela Sol Rodríguez había hecho peligrar la reelección del gobernador. Mucho más teniendo en cuenta el revuelo interno generado dentro del Gobierno luego de que el exmotonauta le confesara a la familia de la víctima que tenía "las manos atadas".

En 2015 la "aspiración presidencial" de Scioli volvió a verse comprometida por este flagelo y resolvió que la solución para mantener firme su candidatura era saturar las calles de uniformados. Fue por ello que en medio de una ola de delitos, el gobernador dictó la emergencia en seguridad, con un pomposo anuncio que tenía como objetivo llevar calma a la población. Y con el fin de engrosar la tropa de la Bonaerense, lanzó a las calles a la denominada Policía Local, a la que adhirieron 54 municipios de más de setenta mil habitantes.

¿Pero cómo se formaron para combatir los robos a esos jóvenes que apenas cruzaban la mayoría de edad? El plan para adoctrinar a los chicos y no tan chicos en la prevención y combate al delito constaba de 21 materias y duraba apenas 6 meses. La currícula estaba compuesta por un intensivo curso de materias teóricas vinculadas al derecho y una -no tan exhaustiva- práctica en operaciones policiales, defensa personal, educación física y tiro policial. En estas últimas tuvieron un equivalente a 4 días de entrenamiento por cada materia. Sí, 4 días.

Todo ello se sumaba a que la enseñanza a los aspirantes se dictó en predios no aptos para la capacitación policial, como clubes de barrio, terrenos municipales o universitarios. Y lo que era aún peor: Los propios municipios eran los que elegían a los docentes para la Policía Local en sus Comunas, que en muchos casos, jamás habían tenido experiencia en ello. De esta manera, ya sea con intención o no, el Ministerio de Seguridad bonaerense que conducía Ricardo Casal se deslindaba de muchas responsabilidades.

Por aquel entonces, el subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad bonaerense, Fernando Jantus, había asegurado durante una entrevista que tres horas semanales de práctica de tiro era "un montón". "No tenés que estar 96 horas tirando, no te sirve de nada. No importa sólo la puntería", opinaba por aquel entonces el funcionario provincial, que en ese sentido argumentaba: "No existe experiencia de Policía Local en Argentina y estamos camino a mejorarla".

Si bien este esquema comenzó durante la gestión de Daniel Scioli, también es cierto que continuó con el gobierno de María Eugenia Vidal. La precaria formación de "los pitufos" -tal como se los conocía en la jerga policial- quedó en evidencia con el correr de los meses. El robo del arma reglamentaria -principalmente a las agentes femeninas- se transformó en una constante en el Conurbano. Y la escasa capacitación en tiro tuvo su punto más trágico cuando Yanina Giménez, una Policía Local de Lanús, perdió la vida durante un entrenamiento. Por todo esto y mucho más, los Policías Locales eran denostados hasta por sus propios pares de la Bonaerense, que en muchos casos ni siquiera los consideraban camaradas.

Fue en ese 2015 cuando Luis Oscar Chocobar, al igual que muchos otros jóvenes de la Provincia, encontró en la Policía Local la oportunidad de hallar una salida laboral. El salteño había llegado a Buenos Aires nueve años atrás cuando le quitaron una beca universitaria tras reprobar unos exámenes. Antes de anotarse en la Bonaerense trabajó en dos fábricas textiles, en un súper chino, limpió baños públicos en Puerto Madero y hasta fue jardinero. Luego de cumplir la cursada de seis meses, Chocobar corrió la misma suerte que el resto de los 10 mil egresados de esa primera camada. En su caso, fue lanzado en soledad y con un arma de fuego para vigilar las calles de Avellaneda, uno de los distritos bonaerenses más calientes por la inseguridad.

Dos años después, Chocobar debió poner en práctica por primera vez todo lo aprendido en aquel corto semestre de 2015. El 8 de diciembre de 2017, cuando estaba saliendo de su casa del barrio de La Boca, intervino después de una situación de robo en la que un turista estadounidense fue gravemente herido de doce puñaladas. Los asaltantes escaparon, Chocobar los persiguió y mató a uno de ellos disparándole por la espalda. El ladrón abatido se llamaba Juan Pablo Kukoc y tenía 18 años.

Con el correr de los días el caso se convirtió en un asunto de Estado. Chocobar ensayó la primera defensa por su accionar al recibir un enorme abrazo del Gobierno. Mientras la Justicia lo procesaba y lo embargaba, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo recibieron en Casa Rosada y lo encumbraron como un héroe cuya conducta describieron como ejemplar. A partir de ese momento, Chocobar simbolizó la mano dura del macrismo y se transformó en el emblema del combate oficial contra el garantismo.

Un año después de los disparos de Chocobar, el gobierno nacional estableció un nuevo reglamento del uso de armas de fuego, que rompió el paradigma de la utilización excepcional de la fuerza letal de los estándares internacionales y la propia Ley de Seguridad Interior. A esa serie de modificaciones se las bautizó "Doctrina Chocobar", porque parecían hechas a medida de la defensa del policía que disparó y mató cerca de Caminito.

A ese reglamento de uso de armas se les sumaron otras normas ministeriales como un nuevo reglamento para armas no letales, como las pistolas eléctricas Taser; el Programa Ofensores en Trenes, por el cual se les podía exigir identificación a los pasajeros sin necesidad de que se justifique la detención policial, y el Servicio Cívico Voluntario, que le otorgaba a la Gendarmería roles en áreas como la educación, sobre las que no debería tener ninguna competencia.

Mientras desde el macrismo se agigantaba la idea de que los operativos exitosos son aquellos en los que mueren personas que delinquen, del otro lado de la grieta aseguraban que eso no era más que propagar una gestión regresivas en términos de seguridad. En ese contexto, muchos dirigentes del kirchnerismo coincidieron en que el resultado de esa política fue un récord absoluto de muertes por gatillo fácil, la tortura en democracia y las detenciones arbitrarias. Basta con ver la visión de la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, quien a su llegada con la presidencia de Alberto Fernández, derogó todos los reglamentos que habían sido establecidos por Bullrich.

Finalmente este 28 de mayo de 2021 Luis Chocobar fue condenado por el Tribunal Oral de Menores 2 de Capital Federal a dos años y medio de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como funcionario público por considerar que fue autor de un homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber. La sentencia no dejó conforme a la defensa de la familia del ladrón muerto, que solicitó cadena perpetua. Tampoco al abogado del policía, que había pedido la absolución. Cabe destacar que, como es una pena menor a tres años, la prisión queda en suspenso y el salteño no irá a la cárcel.

Por último, este fallo plantea varios interrogantes. ¿Es Chocobar el único culpable por su accionar en aquel procedimiento trágico de 2017? ¿Acaso el Estado no es también responsable por la escasa formación profesional que le brindó al uniformado para enfrentar este tipo de situaciones? De ser así y con la Policía Local ya extinguida ¿no deberían responder ante la Justicia también aquellos funcionarios que idearon e instrumentaron ese programa que terminó fracasando en la Provincia? ¿No es contradictorio que quienes se rasgan las vestiduras en defensa de los derechos humanos sean los mismos que lanzaron una verdadera carnicería con un claro objetivo electoral como trasfondo? El caso Chocobar tristemente culminó con un delincuente muerto. Con un policía condenado. Y con la política impune. 

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