Sonia Escudero

Ex senadora nacional
Violencia contra la mujer

Discriminación desde el Estado

En el año 2020 se registraron 16 femicidios en Salta, mientras que en lo que va de este año ya se produjeron 6.

Para diseñar políticas públicas efectivas, debe tenerse claro que la violencia contra la mujer es el resultado de relaciones asimétricas de poder, cuya base estructural es el modelo de sociedad patriarcal que presume que el hombre tiene derechos de poder, control, dominio y posesión contra la mujer. Cuando la mujer toma decisiones autónomas, el hombre imbuido de la creencia en la subordinación de las mujeres, siente que debe corregirla.

Lamentablemente, las mentalidades patriarcales atraviesan la mayor parte de las instituciones económicas, sociales y políticas, produciéndose el fenómeno de la "captura" patriarcal de los papeles de autoridad y recursos significativos. Aquí es donde empieza la violencia. Por ejemplo, cuando un diputado nacional califica de "atorranta" a la fiscal que lo cita a declarar, cuando el Ministro de Seguridad afirma que la fiscal "se echa tierra a sí misma" cuando investiga las denuncias por abusos policiales que en realidad son torturas. Cuando el gabinete provincial está compuesto por 8 hombres y sólo 1 mujer, cuando tenemos un senado con 22 varones y solo 1 mujer, cuando el Tribunal Electoral no aplica el mandato constitucional de igualdad, sino que haciendo una interpretación amañada de la ley de paridad, aprueba listas de un mismo frente electoral donde todos los primeros candidatos son varones, para que de este modo Salta continúe con una legislatura con 41 varones y solamente 19 mujeres. Estos son ejemplos elocuentes de las formas de violencia contra la mujer en Salta, la que no es sólo física, sino también política, simbólica, institucional, psicológica, económica.

Los datos son elocuentes. El desempleo y el trabajo precario afecta mayormente a las mujeres. Esta situación se agrava con las medidas de aislamiento para prevenir la propagación del Covid 19. El trabajo de mayor precarización es el doméstico. Por otra parte, la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres, en situaciones de igualdad de responsabilidad y capacitación es de 24%.

La desigualdad en el acceso a recursos económicos es generadora de condiciones insalubres para el psiquismo, en que reside parte de la violencia encubierta en el patriarcado. Este fenómeno es responsable, en gran medida de la dependencia de las mujeres, y genera una situación de impotencia y de carencias que otro deberá cubrir. En la situación de dependencia económica, la capacidad de elección y el poder de decisión se vuelven ajenos, y es en esa ajenidad que se hace carne la sumisión. En ese tipo de dependencia también se entrelaza la violencia.

La reproducción de la dominación patriarcal se produce mediante dos mecanismos de control social:

1º) El persuasivo-educativo, que internaliza las normas y valores patriarcales dominantes. Para cortar la reproducción de ese modelo que discrimina y subordina a las mujeres, asignándoles roles serviles en la sociedad, es necesaria la implementación de la educación sexual integral, la educación para la igualdad y no discriminación, la educación para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las diversidades.

En el informe 2020 el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, señala que la Educación Sexual Integral no estuvo entre los contenidos priorizados correspondientes a los diseños curriculares de cada nivel de manera virtual, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Se indica que en el primer semestre 2020 no hubo contratación de profesionales para ESI, lo que demuestra la ausencia de acompañamiento a las escuelas para garantizar este espacio de educación tan importante. El plan provincial sólo cuenta con fondos nacionales, por lo que la Provincia no aparece acompañando el proceso de transformación educativa para la igualdad.

2º) El segundo mecanismo por el que se reproduce la ideología patriarcal que discrimina y subordina a las mujeres que, en su forma más extrema mata, es el represivo o institucionalizado. Los delitos violentos por los cuales las mujeres son criminalizadas son mayormente el llamado homicidio en razón del parentesco que, en muchos casos, no es más que la criminalización del aborto llevada al extremo, y que se traduce en el encarcelamiento de mujeres de sectores vulnerables. También se las condena por el homicidio de la pareja, muchas veces en defensa propia o como consecuencia de años de maltrato. Por eso es muy importante que se cumpla con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se impida la criminalización de mujeres por eventos obstétricos.

El Observatorio de Violencia advierte sobre las dificultades en la Provincia, por la escasez de recursos humanos, y por la cantidad de médicos objetores de conciencia. El informe anual da cuenta de situaciones problemáticas de violencia obstétrica, institucional y contra la libertad reproductiva. La formación en perspectiva de género de operadores de salud, de educación, policiales y judiciales es imprescindible y urgente.

Como se advierte, la violencia contra la mujer en Salta no es un ghetto que pueda abordarse como si se tratara de hechos puntuales, sin entender las especificidades de la violencia estructural contra las mujeres. Una reforma constitucional debería abordar estos problemas. Hacer real el principio de igualdad no permite neutralidad. Se debe adoptar un enfoque constitucional y remover los obstáculos que dificulten la igualdad real.

La Constitución de Salta debería incorporar una norma que asegure la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, una norma que mínimamente estableciera que:

"Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes"

"El Estado garantiza la igualdad de género en el acceso a cargos públicos así como en la composición de cuerpos colegiados, en el ámbito de los tres poderes del Estado".

"Son funciones específicas del Poder Judicial, además de la protección de las garantías constitucionales, la defensa de las minorías, la eliminación de las discriminaciones, la reducción de las desigualdades y la protección de las condiciones del diálogo democrático, asegurando que todas las voces sean oídas".

La cuestión de la discriminación y la desigualdad, tan importantes, debería ser parte de la reforma constitucional, pero al gobierno de Sáenz no le pareció relevante.

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