Qué nos pasa en Salta

En Salta, el Estado de Derecho se ha quebrado total y definitivamente. Los órganos de control, comenzando por la Auditoría General de la Provincia, se encuentran ocupados por personas absolutamente carentes de idoneidad, independencia y dignidad para ocupar tan altos cargos. También la inmensa mayoría de los integrantes de nuestra legislatura provincial ha olvidado una de las dos principales misiones que le encomienda la Constitución al Poder Legislativo: el contralor de los otros dos poderes. Entonces pasa lo que nos está pasando: el actual Gobernador terminará su tercer período de gobierno debiendo la rendición de cuentas de tres ejercicios anuales; la inmensa mayoría de los intendentes tampoco pueden justificar sus enormes fortunas; nadie sabe -ni siquiera los legisladores de la oposición lo podemos saber- el destino de una enorme cantidad de dinero que manejan, con absoluta discreción, el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Nuestros pedidos de informes no son respondidos; o lo son de manera evasiva e insuficiente. El sistema de "frenos y contrapesos" que promueven nuestras Constituciones Nacional y Provincial se ha desvanecido.

Y en este desgarramiento institucional, el Poder Judicial de Salta -con la honrosa excepción de algunos pocos jueces; que encima son cada vez menos- juega un rol fundamental: son moneda corriente en nuestra Provincia las sentencias que convalidan los abusos de poder y la corrupción, el "archivo" de causas, la desigualdad frente a la ley.

Es en este contexto de avasallamiento de nuestras libertades públicas e individuales, donde se inscribe el fallo recientemente dictado por la Jueza de Garantías María Edith Rodríguez; quien ha ordenado a los medios locales y nacionales, y a todos los registros informáticos de imágenes, videos, datos, comentarios, links, historiales, sitios, vínculos o motores de búsqueda (solo faltó decirle: "al mundo entero") abstenerse de publicar imágenes del grupo folclórico Los Nocheros y de sus miembros individualmente, en vinculación a la cobertura informativa de la causa judicial en la que se halla detenido Lautaro Teruel. Los derechos elementales de acceso a la información y de libertad de expresión, y sus correlativos de libertad de prensa (con la consabida prohibición de censura previa), todos ellos derechos consagrados en nuestras Constituciones Nacional y Provincial, han sido ignorados por la juez Rodríguez. Y Salta ha sido otra vez noticia a nivel nacional por otro desbarranco.

Entiendo que ha llegado la hora de tomarnos en serio nuestro principal problema, cual es desconocer que por encima de la ley no puede estar nadie, sin excepción: ni el Estado, ni los gobernantes, los ciudadanos, las iglesias, etc.). Somos la quinta provincia más pobre de la Argentina; y no vamos a superar jamás nuestros graves problemas sociales hasta que no pongamos nuevamente la piedra basal del progreso: la igualdad de todas y todos ante la Ley.

Héctor Martín Chibán

Diputado Provincial.