Memorias de una Justicia devaluada

El ingreso a la Ciudad Judicial ya no es por puerta principal. Se han abierto ventanas de todo tipo colando un varieté de personajes relacionados a los clásicos y vetustos sectores políticos. La división de poderes tiembla con uno de estos que ha dado sobrados ejemplos de ser simplemente un anexo de beneficios.

Mientras las victimas suplican atención, tenemos un diputado acusado de robo que es medido según su embestidura como representante, mientras que sus representados ven a la justicia como un sueño lejano. Que Ada Zunino, al igual que muchos otros, se la juegue por personalidades de la política, no es más que el estandarte de los nombramientos a dedo, folclóricos de nuestra tierra.

Aún tenemos el recuerdo fresco de los repetidos escándalos en el Consejo de la Magistratura, organismo que hace muy poco tuvo la intención de convertir en fiscal de Corte a un ex funcionario de seguridad del Gobierno de Salta, el mismo que se fotografiaba con hinchas de la barra de Gimnasia y Tiro autodenominados "La Torcida".

Es inevitable relacionar este nombre con el estado del Poder Judicial en Salta. Torcido, claramente torcido hacia un solo sector, que pese a la acusación que caiga sobre sus miembros, gozará de un tratamiento paternal, donde la cuna es un cajón que los mantendrá incubando en el tiempo hasta lograr el afanado sobreseimiento por "prescripción", es decir, por "plazos vencidos".

Guardar dinero en juzgados, tener actividades económicas incompatibles, y denuncias por violencia, son algunos de los cargos que pesan sobre nuestros jueces, pero que apañados por diferentes organismos se perpetran en su puesto, y luego, inevitablemente, comienza la cadena de favores.

Es así que aquellos que consigan un lazo tan exquisito con la "Justicia", podrán ser exonerados de sus causas, como sucedió con un conocido exgobernador.

Debo recordar a todos aquellos que han sido artífices de la impunidad en casos que dejaron una herida abierta en nuestra Salta, como por ejemplo Martín Pérez en la instrucción del asesinato de las turistas francesas, o porque no Pablo Farah y Daniel Canavoso, en el caso de Lujan y Yanina. Canavoso también intervino en el caso de Thiago, muerto a mano de sus padres sustitutos, el resultado: ningún funcionario dio respuesta.

Invito a través de estas líneas a no olvidar también a famosos personajes como Mariscal Astigueta, con su bochornosa intervención en el caso de una joven wichi, víctima de abuso, o del suspendido juez Federico Diez, quien como el diputado acusado de robo, recibió la gracia de Zunino en el Juzgado de Garantías 1.

Pero entonces, ¿quiénes deben encargarse de juzgar el accionar de un juez?, ¿quién puede evaluar el desempeño de la justicia?

Como una doble vía, aquellos que deben auditar este desempeño, son los mismos que más tarde necesitarán de los guiños que puedan ofrecerles. Por otro lado el máximo tribunal salteño apenas si es un hotel de alojamiento de causas como la del intendente destituido de Salvador Mazza, Dn. Rubén Méndez quien terminará su mandato antes que Guillermo Catalano, presidente de la Corte de Justicia, decida emitir el tan esperado fallo.

El daño de estas no formalidades ya no es solamente hacia las víctimas y sus familiares, que viernes a viernes aspiran a que no se pierda, esta impunidad garantizada, en la memoria de los salteños. El daño es directamente hacia un sistema político desgastado, basado en una división de poderes, que apenas si llega a ser una cortina de humo esperándote.