Política
Matías Isola
Que Pasa Salta
Allá está la ética

Los auténticos decadentes de la política salteña

Varios intendentes y legisladores salteños se vieron envueltos en los últimos tiempos en diferentes escándalos que desprestigian a la política.

En las últimas semanas volvió a reflotarse la saga de "Los Intendentes Impresentables" en Salta, con Alfredo Llaya (Embarcación) y Julio Jalit (Pichanal) como protagonistas estelares del último capítulo. El primero por inaugurar un puente precario y a todas luces carente de medidas de seguridad, y el segundo por tener trabajadores esclavos en su finca. Ambos episodios se suman a reiteradas irregularidades en ambas gestiones que fueron de público conocimiento y que son vox populi entre los vecinos.

Tanto Llaya como Jalit sirven como disparador, pero conforman un grupo tristemente célebre de intendentes salteños que desprestigian la política y la institucionalidad. En esa nómina se anotan Rubén Méndez (Salvador Mazza) y Leopoldo Cuenca (Rivadavia Banda Sur). Violencia de género, usurpación de tierras, malversación de fondos, son algunas de las acusaciones que recaen sobre los jefes comunales también conocidos como "barones" o "patrones". Cada uno con su particularidad y su propio "prontuario". Sin dejar de recordar los bochornosos casos de los destituidos Carlos Villalba (Salvador Mazza), Juan Rosario Mazzone (El Bordo) y Osvaldo García (Coronel Moldes). Un escándalo.

Si bien cuentan con el respaldo del voto popular y se desempeñan en sus funciones en el marco de la democracia, en todos los casos mencionados llama poderosamente la atención la pasividad del Ejecutivo Provincial. Es entendible que no haya interferencia de poderes y que se respeten los famosos tiempos de la Justicia. Sin embargo, muchas veces el silencio termina siendo cómplice de la impunidad y se necesitan gestos, pronunciamientos, que no dejen dudas y que marquen un límite. No son pocos los dirigentes que se enojan cuando los ciudadanos, hartos y desencantados, aseguran que "los políticos son todos iguales". Justamente, para evitar ese tipo de generalización y estigmatización, se requiere que la política deje de actuar como corporación y expulse a los impresentables. Se impone una depuración.

Los mencionados intendentes se asemejan a los antiguos señores feudales, se creen dueños de sus municipios y se manejan en sintonía con ese pensamiento. No entienden que están ahí por mandato popular y que se deben a los vecinos. Son servidores públicos y las obras que hacen no son regalos para los ciudadanos. En algunos casos llevan varios mandatos y largos años al frente de la comuna. Se encuentran atornillados a sus respectivos sillones y no quieren saber nada con la alternancia. Representan la vieja política, son la manzana podrida del sistema democrático. Y esa podredumbre precisamente es la que provoca la alarmante decadencia de la política salteña. ¿Se reformará la Constitución Provincial? ¿Se limitarán los mandatos?

Varios elementos sirven para entender el por qué de los políticos que tenemos. Más allá del rol pasivo, y en algunos casos cómplice de la Justicia, los ciudadanos también deben involucrarse y exigir transparencia. A sabiendas de que pueden existir amenazas, represalias, amedrentamientos. Es difícil, pero hay que hacerlo, es una tarea que nos compete a todos. Desde luego, al periodismo también. Hay colegas que realizan investigaciones con mucho coraje y valentía, y sacan a la luz entramados de corrupción.

Lamentablemente la saga no se agota en los intendentes, también se traslada al ámbito legislativo. Esta semana cobraron relevancia los casos de los diputados provinciales Margarita Ramírez y Kuldeep Singh. La mujer en cuestión presentó un proyecto de declaración luego de mucho tiempo y no asistió a la sesión. Algo común y corriente, ya que suele faltar con frecuencia y ya le descontaron parte del sueldo por la falta de justificativos. Por su parte, el legislador de la ciudad termal se encuentra imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y robo; y no sería descabellado que en los próximos días se apruebe su desafuero (y posible detención).

La ética debería ser un valor inherente al funcionario público, pero lastimosamente no es así en todos los casos. La democracia es el bien más preciado que tenemos los argentinos y es obligación de todos preservarla. Hay que desterrar por completo el clientelismo. La dignidad de los vecinos debe prevalecer por sobre el conformismo del corto plazo. "Tenemos los políticos que nos merecemos", afirman algunos. En algún punto es cierto si consideramos que los dirigentes que ocupan cargos públicos son emergentes de la sociedad. Pero no podemos resignarnos, todos debemos dar el cambio cultural. La política es una herramienta necesaria para cambiar la realidad y mejorar la vida de los ciudadanos, aunque muchos políticos lo entiendan completamente al revés y la usen para beneficio propio.

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